Exdirector de agencia antidrogas boliviana recibe sentencia de 25 años en prisión estadounidense
Maximiliano Dávila Pérez, quien fungió como director de la principal agencia antidrogas de Bolivia durante la presidencia de Evo Morales, fue condenado a veinticinco años de cárcel en Estados Unidos por su participación en una conspiración internacional para importar cocaína y por delitos relacionados con armas de fuego.
Abuso de poder y traición a la confianza pública
Las autoridades estadounidenses, incluyendo al fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y al administrador de la DEA, Terrance Cole, señalaron que Dávila Pérez abusó descaradamente de su posición al frente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) para facilitar el envío de enormes cantidades de droga hacia territorio norteamericano.
Según las acusaciones, el exfuncionario de 62 años, quien fue extraditado desde Bolivia en diciembre de 2024 y declarado culpable en octubre de 2025, convirtió su oficina en una empresa criminal al proteger a narcotraficantes, asegurar el traslado de cocaína y facilitar su ingreso a Estados Unidos.
Operación criminal durante su mandato
Las pruebas presentadas durante el juicio demostraron que, entre febrero y noviembre de 2019, Dávila Pérez utilizó sus conexiones políticas y policiales para:
- Desviar investigaciones de las fuerzas del orden bolivianas
- Proporcionar personal armado para custodiar cargamentos de droga en aeropuertos
- Organizar la entrega de muestras de cocaína en Lima, Perú
- Planificar envíos masivos desde Bolivia con tránsito por República Dominicana
El fiscal Clayton destacó que el exjefe antidrogas ejercía un poder extraordinario y decidió utilizarlo para apoyar a los mismos criminales que debía investigar, con el objetivo específico de enviar más de una tonelada de cocaína directamente a la ciudad de Nueva York.
Reacción del expresidente Morales
El expresidente Evo Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, cuestionó públicamente la extradición de Dávila Pérez, afirmando que este caso evidencia que el país vuelve a ser colonia de Estados Unidos y manifestando su desacuerdo con que el exfuncionario no haya sido juzgado primero en territorio boliviano.
La sentencia fue dictada por la jueza federal Denise L. Cote tras un juicio con jurado que duró una semana, marcando un precedente significativo en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico internacional que involucra a altos funcionarios públicos.
