El Ejército Nacional reaccionó a las revelaciones del fotoperiodista Federico Ríos, publicadas en The New York Times, sobre la presunta operación de una mina ilegal de oro en las inmediaciones del Batallón de Infantería No. 31 Rifles, ubicado en Caucasia, Antioquia. La institución aseguró que dicha actividad ilícita se desarrolla en un predio aledaño que se encuentra bajo administración estatal.
Comunicado de la Séptima División
A través de un comunicado oficial, la Séptima División precisó que “en los límites del Cantón Militar del Batallón de Infantería No. 31 Rifles se localiza la denominada finca La Mandinga”, un terreno de aproximadamente 2.000 hectáreas que está bajo el control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), luego de un proceso de extinción de dominio.
Según el relato del fotoperiodista, un minero aseguró que la actividad minera avanzaba más allá del perímetro militar e incluso lo invitó a comprobarlo con imágenes aéreas. Esto generó una fuerte controversia sobre la posible complicidad o negligencia de las autoridades.
Reacción del ministro de Defensa
Frente a estas revelaciones, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, en entrevista con La FM, calificó la situación como inaceptable: “Eso es inconcebible, es absurdo que llegue a ocurrir eso”. El jefe de la cartera confirmó que ya se desplegó una comisión para esclarecer lo ocurrido y determinar si la minería ilegal operaba dentro del batallón o en zonas colindantes.
“Hoy se desplegó una comisión para confirmar y dentro de nuestras competencias actuar con todo el rigor de la ley”, añadió el ministro. Insistió en que, aunque el testimonio del periodista es fuerte, será la inspección oficial la que permita establecer con precisión lo ocurrido en el terreno. “Ha habido invasión y es lo que vamos a confirmar en este momento”, declaró.
Terreno bajo control estatal
Durante la entrevista, el funcionario explicó que el área donde opera La Mandinga corresponde a un predio que perteneció a alias ‘Macaco’ y que actualmente está bajo administración estatal, a través de la Sociedad de Activos Especiales y el fondo para la reparación de víctimas. Según detalló, se trata de una zona extensa que ha sido ocupada por miles de personas dedicadas a la minería. “Son alrededor de unas 2.000 hectáreas que le han invadido alrededor de unas 2.000 a 2.500 personas”, afirmó.
El Ejército Nacional reiteró su compromiso con la legalidad y anunció que colaborará plenamente con las investigaciones para esclarecer los hechos y tomar las medidas correctivas necesarias.
