La transformación radical de la arquitectura de seguridad latinoamericana
En Latinoamérica, la arquitectura de seguridad está experimentando una transformación radical y profunda, impulsada principalmente por la irrupción masiva de sistemas aéreos no tripulados (UAS) en las operaciones de las organizaciones criminales transnacionales y las redes de microtráfico local. Este fenómeno, que se ha disparado exponencialmente entre los años 2024 y 2026, representa un cambio de paradigma absoluto en la logística delictiva, el control territorial y la confrontación directa con las instituciones estatales, según advierte un análisis detallado de El Tiempo (2025) sobre la expansión del narcotráfico aéreo en la región.
El uso de aeronaves no tripuladas ha dejado de ser un recurso exclusivo de las fuerzas armadas para convertirse en una herramienta accesible y masiva que hoy redefine completamente los conflictos irregulares y la gobernanza del crimen en entornos urbanos y penitenciarios de toda Latinoamérica. Bajo esta premisa fundamental, la seguridad en el presente trienio no puede limitarse bajo ningún concepto a la vigilancia terrestre tradicional; requiere urgentemente una comprensión profunda de cómo la tecnología ha permitido que las economías ilícitas conquisten la dimensión aérea de baja altitud.
Dinámicas de innovación y captura del entorno táctico
El empleo de drones en la región ha pasado de una fase de vigilancia rudimentaria a una etapa ofensiva y logística de alta precisión, donde las organizaciones criminales capitalizan la disponibilidad masiva de dispositivos de consumo para transformarlos en vectores de transporte y ataque de gran efectividad. Como señala El Estratégico (2025), esta transición se apoya en una lógica de bajo costo y alto impacto devastador, pues mientras un sistema de defensa institucional puede superar fácilmente los 100.000 dólares, un dron comercial modificado representa una inversión mínima con una capacidad de daño completamente desproporcionada.
No obstante, es imperativo desmitificar la idea de una superioridad absoluta de estos dispositivos, pues la efectividad real está condicionada por limitaciones técnicas importantes. De acuerdo con datos técnicos detallados de la Revista Marina, el 46% de los drones comerciales posee una autonomía inferior a una hora, lo que los confina principalmente al microtráfico de "última milla" o ataques rápidos, mientras que solo un 5% de los equipos especializados posee capacidades de vigilancia persistente que superan las 24 horas completas. Asimismo, el 38% de estos sistemas se ve seriamente limitado por vientos superiores a los 16 nudos, lo que matiza significativamente su impacto en zonas costeras o montañosas de difícil acceso.
A pesar de estas restricciones físicas evidentes, la sofisticación en la reducción de detectabilidad ha avanzado considerablemente mediante la creación de talleres clandestinos especializados. Según informes detallados de Prosegur Research (2024), el uso de impresoras 3D para fabricar sistemas de liberación remota y la modificación avanzada de firmwares para evadir el geofencing —zonas de exclusión aérea impuestas por fabricantes— ha permitido que las redes criminales eludan los mecanismos de control tradicionales con sorprendente eficacia.
El frente penitenciario y el microtráfico de última milla
En el Cono Sur y la región andina, la vulneración sistemática de los sistemas penitenciarios mediante UAS constituye uno de los retos más críticos para el control civil legítimo. La experiencia documentada en Chile, según la Policía de Investigaciones (PDI) en la Operación Predator (2021), reveló una red sofisticada que coordinaba vuelos nocturnos para ingresar estupefacientes en la cárcel Santiago Sur, logrando al menos 21 incursiones exitosas con un avalúo superior a los 100 millones de pesos chilenos.
Este patrón de delivery aéreo se repite con preocupante frecuencia en Argentina, donde la justicia de Córdoba desarticuló en 2025 una banda que operaba siete drones para abastecer el complejo de Bouwer con cocaína y teléfonos móviles, utilizando envoltorios aerodinámicos especialmente diseñados para no comprometer la estabilidad del vuelo. Por lo tanto, la captura de los centros de reclusión se ve amplificada exponencialmente por una herramienta que permite a los líderes criminales proyectar poder y coordinar economías ilegales sin necesidad de contacto físico directo.
Sin embargo, el fenómeno no es puramente logístico; en países como Colombia y México, la tecnología ha escalado peligrosamente hacia la confrontación abierta y violenta. Informes oficiales del Ejército Nacional de Colombia indican que, desde abril de 2024, se han registrado cerca de 400 incidentes con drones, incluyendo ataques coordinados de enjambres contra bases militares como la de Aguachica, en el departamento del Cesar.
Hacia una gobernanza aérea integral y efectiva
Frente a este diagnóstico alarmante, resulta crucial que los Estados de Latinoamérica avancen decididamente en una estrategia multidimensional que trascienda la respuesta meramente reactiva. El primer pilar fundamental de esta propuesta consiste en la armonización urgente de marcos legales hemisféricos —siguiendo modelos como la regulación RBAC-E Núm. 94 de la Agencia Nacional de Aviación Civil en Brasil— que regulen estrictamente la importación y trazabilidad de los UAS, eliminando los vacíos legales que permiten la adquisición anónima de tecnología de alta capacidad.
Reformas legislativas como estas deben ir acompañadas de un segundo pilar enfocado en la inversión sustancial en inteligencia criminal avanzada y sistemas de detección por radiofrecuencia y radares de alta resolución, capaces de distinguir con precisión entre aves y amenazas reales en entornos urbanos complejos. Finalmente, el tercer pilar debe abordar la reducción integral del daño y la recuperación del espacio público, integrando la vigilancia aérea en un modelo innovador de "urbanismo de seguridad" que proteja efectivamente a las poblaciones vulnerables del contagio criminal asistido por tecnología.
