DEA designó a Petro como 'objetivo prioritario' en investigación por narcotráfico y financiación ilegal
DEA designa a Petro como 'objetivo prioritario' en investigación

La DEA designa al presidente Petro como 'objetivo prioritario' en investigación por narcotráfico

Una nueva polémica se desata alrededor del presidente colombiano Gustavo Petro tras revelaciones sobre una presunta investigación liderada por autoridades estadounidenses. Según información divulgada por medios internacionales, la Drug Enforcement Administration (DEA) habría designado al mandatario como 'objetivo prioritario' en un proceso que involucra a dos fiscalías de Nueva York.

Dos líneas de investigación contra el mandatario

Las pesquisas, desarrolladas por las fiscalías de Manhattan y Brooklyn con apoyo de fiscales especializados en narcotráfico internacional, se centran en dos aspectos fundamentales. Primero, se investigan supuestas reuniones del presidente con narcotraficantes. Segundo, se examina la campaña presidencial de 2022 por posibles donaciones ilícitas que habrían financiado su llegada al poder.

La agencia Associated Press (AP) entregó nuevos detalles tras la revelación inicial del The New York Times, indicando que las sospechas habrían surgido principalmente de entrevistas realizadas durante la investigación. Los focos de atención incluyen presuntos vínculos con el cartel de Sinaloa y cuestionamientos a la política de Paz Total implementada por el gobierno.

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Nexos familiares bajo la lupa judicial

Un elemento particularmente sensible de la investigación involucra a familiares cercanos del presidente. Su hijo, Nicolás Petro Burgos, fue acusado en 2023 por supuestamente solicitar apoyo de un narcotraficante para la campaña, aunque aseguró que ningún fondo ilícito ingresó a las arcas electorales.

Por otro lado, su hermano Juan Fernando Petro enfrenta sospechas de haber negociado con narcotraficantes presos en la cárcel La Picota, específicamente en relación con supuestos sobornos para evitar extradiciones a Estados Unidos. Este punto resulta clave en la investigación, ya que se alega que se habrían solicitado pagos a cambio de impedir que estos individuos fueran enviados a territorio norteamericano.

La respuesta del gobierno colombiano

Frente a las acusaciones, tanto la embajada colombiana en Estados Unidos como el propio presidente Petro han negado categóricamente los señalamientos. El mandatario sostuvo que nunca ha entablado diálogos con narcotraficantes y que, durante su etapa como congresista, fue precisamente una piedra en el zapato para estas organizaciones criminales.

La investigación se desarrolla en un contexto donde la política de Paz Total del gobierno ha sido cuestionada por supuestamente beneficiar a narcotraficantes que, según las pesquisas, podrían haber contribuido financieramente a la campaña presidencial. Las autoridades estadounidenses mantienen reserva sobre los avances del caso, mientras en Colombia las repercusiones políticas de estas revelaciones continúan generando debate nacional.

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