Acusación contra gobernador de Sinaloa por nexos con el narco tensiona relación entre EE. UU. y México
La acusación formulada este miércoles por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sumó un nuevo elemento de tensión en la relación entre México y Estados Unidos. La imputación, que también involucra a un senador y a otros altos funcionarios estatales del partido oficialista Morena, amenaza con generar una nueva confrontación con Washington en un momento de presión por el tráfico de fentanilo y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
¿De qué se le acusa y con quiénes estaría vinculado?
De acuerdo con el documento judicial, Rocha Moya, de 76 años, habría mantenido relaciones con facciones del Cártel de Sinaloa, en particular con el grupo conocido como ‘Los Chapitos’, presuntamente a cambio de apoyo político durante el proceso electoral de 2021. “A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya se reunió con ‘Los Chapitos’, a quienes les prometió protección mientras distribuían cantidades masivas de drogas a los Estados Unidos”, dice el documento. Entre los funcionarios señalados por el fiscal neoyorquino Jay Clayton –el mismo que construyó la acusación contra Nicolás Maduro– están también el senador por Morena, Enrique Inzunza; el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez; el vicefiscal estatal, Dámaso Castro, y el secretario de Administración y Finanzas local, Enrique Díaz Vega.
¿Cómo respondió el gobierno mexicano?
Una vez se conoció la acusación, el gobierno de Claudia Sheinbaum rechazó los señalamientos, argumentando que la solicitud de detención con fines de extradición no está acompañada de pruebas suficientes. La acusación se sustenta, según fuentes citadas en el proceso, en testimonios y evidencias recopiladas a partir de investigaciones en Estados Unidos, incluyendo declaraciones de individuos vinculados a organizaciones criminales. La mandataria agregó este jueves que su Gobierno no encubrirá a ningún funcionario acusado de vínculos con el narcotráfico, aunque advirtió que no permitirá la intromisión de un gobierno extranjero en asuntos internos. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, señaló la mandataria al leer un comunicado durante su conferencia de prensa matutina. Por su parte, la Fiscalía General mexicana señaló que analiza la acusación de Washington para definir si procede solicitar órdenes de captura en territorio mexicano.
¿Qué otros hechos agravan la tensión entre ambos países?
La acusación se produce tres días después de que México reclamó a Estados Unidos por la participación de dos agentes de la CIA en un operativo antidrogas en el estado de Chihuahua sin autorización del Gobierno de Sheinbaum. Los agentes murieron posteriormente en un accidente de tráfico en territorio mexicano. El episodio también se inscribe en la disputa interna del Cártel de Sinaloa entre ‘Los Chapitos’ y el grupo ligado a Ismael ‘Mayo’ Zambada, detenido en julio de 2024 y recluido en Estados Unidos. El enfrentamiento entre ambas facciones deja centenares de muertos y desaparecidos en el estado. En ese contexto, los presuntos vínculos del gobernador con el crimen organizado ya habían sido mencionados en una carta atribuida al ‘Mayo’, en la que sostenía que fue llevado a Estados Unidos bajo engaño cuando se dirigía a una reunión con Rocha Moya, menciones que el mandatario estatal negó.
¿Presión desde Washington?
El caso coincide con un aumento de la presión de Washington sobre México en materia de seguridad, en particular por el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, su administración insiste en la necesidad de medidas más contundentes contra los cárteles, incluyendo propuestas de cooperación militar e incluso de operaciones directas y bombardeos en territorio mexicano, todas rechazadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum. El caso deja a Claudia Sheinbaum en una posición complicada: tramitar la solicitud de Estados Unidos abriría un frente interno, pero rechazarla tensaría aún más la relación con Washington. Cabe mencionar que México, Estados Unidos y Canadá se encuentran en conversaciones relacionadas con el T-MEC, un instrumento crucial para la economía mexicana. Al mismo tiempo, Washington viene endureciendo su postura en materia comercial y migratoria, utilizando aranceles y otras herramientas como mecanismos de presión.
¿Qué reacciones genera el caso en México?
En el plano interno, la situación reaviva el debate sobre la llamada “narcopolítica” en México y la capacidad del Estado para contener la influencia del crimen organizado en las instituciones. Algunos sectores de la sociedad civil consideran que estos señalamientos reflejan un problema arraigado en el sistema político mexicano que no da señales de desaparecer, mientras que otros advierten sobre los riesgos de aceptar sin cuestionamientos acusaciones provenientes de un gobierno extranjero y las interpretan como un mecanismo de presión.
