En el barrio Sucre de Cali, donde la gentrificación amenaza con borrar lo que aún resiste, el consumo de drogas no es una excepción, sino una presencia constante y casi inevitable. En las calles hay jeringas en el suelo, cuerpos que descansan contra muros y conversaciones breves a plena luz del día. Desde hace más de dos décadas, este lugar se ha consolidado como un punto de concentración del microtráfico y de población en situación de calle. Aquí, la vulnerabilidad no sorprende; quizás se vuelve paisaje. Sobrevivir no es un acto extraordinario, sino una forma cotidiana de habitar un entorno que no concede pausas, que empuja y sigue, incluso cuando nadie parece mirar.
En la llamada ‘Zona H’, sobre la carrera 15, hay un lugar donde el consumo no cuesta vidas. Al entrar, todo cambia: el ruido cesa, el techo filtra una luz suave y un pasillo largo y recto ordena el espacio. A un lado, un vidrio cubierto de papeles de colores; al otro, módulos metálicos con aberturas discretas. El piso, demasiado limpio para este barrio, aún guarda huellas. Al fondo, un lavamanos y una ducha entreabierta. Este lugar no es especialmente llamativo. No hay música ni gritos. Solo el roce de una silla y el golpe seco de una bandeja metálica sobre la mesa.
Robert Urbano, un joven de cabellos castaños, saluda con un gesto breve y se acerca a los insumos. No los toma de inmediato: observa, organiza lo que va a usar y mide el tiempo. Luego se lava las manos, limpia su brazo con alcohol y espera a que seque. Prepara la heroína, la pasa con cuidado por la aguja y ajusta la jeringa. Después busca la vena, concentrado, sin apuro. Hay una pausa breve antes de inyectarse. Exhala, sus hombros descienden y la tensión se disuelve en silencio.
En ese espacio, la sustancia no la provee nadie; cada quien llega con lo suyo, traído desde afuera, desde esas mismas calles donde el problema se teje a gran escala. Aquí no se pregunta de dónde viene, sino qué se puede hacer con lo que ya está: cómo reducir el daño, cómo sostener la vida en medio de una realidad que excede al individuo y habla de una problemática más amplia de abandono y deudas pendientes.
Robert mira la jeringa unos segundos antes de usarla. No tiembla ni se apresura. A pocos metros de la calle, donde el consumo suele ocurrir entre la urgencia y el riesgo, aquí hay tranquilidad. Las jeringas selladas, el algodón, el alcohol y los recipientes pequeños no son detalles; son parte de un orden que intenta contener lo que afuera se desborda. En este lugar, Robert no solo viene a inyectarse; también ha aprendido a evitar que otros mueran.
Él es un consumidor habitual de heroína y, al mismo tiempo, uno de los llamados operadores pares: personas que conocen el consumo desde la experiencia propia y que hoy acompañan a otros en el mismo proceso. En 2020 se capacitó para atender sobredosis y aprendió a usar naloxona, un medicamento que revierte los efectos de los opioides. Este fármaco actúa rápido, en cuestión de minutos, pero solo si se usa a tiempo, ahí mismo, donde ocurre la caída. Por eso él va. Por eso otros lo buscan. Ha atendido más de 80 casos, interviniendo en ese momento exacto en el que todo parece detenerse y, a veces, logra que los consumidores vuelvan del umbral de la muerte.
Este espacio lleva menos de un año funcionando y es el primero en Cali que ofrece consumo asistido. Se trata del Centro de Acogida y Atención Integral para personas que se inyectan drogas en Sucre (CAAI), una iniciativa de la Corporación Viviendo que se mueve casi sin hacerse notar en la dinámica del barrio. Más que un centro, es un lugar donde las personas siguen consumiendo, pero de otra manera. Aquí alguien observa, acompaña y, si hace falta, interviene. La vida no se resuelve, pero encuentra, al menos, un margen para sostenerse.
Hubo un tiempo en que Robert no consumía en este centro, sino en la calle, con el cuerpo apurado antes de que alguien interrumpiera o antes de que la necesidad se volviera insoportable. Hoy toma un kit limpio, entra a uno de los módulos metálicos y consume. Desde afuera, casi no se nota. Desde adentro, es una escena que se repite varias veces al día, pero sin persecución, sin esconderse, con la posibilidad de hacerlo con cuidado.
Robert no creció en Sucre; llegó hace más de diez años, cuando aún estaba en la universidad y el consumo de heroína no ordenaba del todo sus días. Había empezado a consumir, pero también tenía pausas; seguía asistiendo a clases y cumpliendo con lo que tenía entonces. El giro no fue abrupto, sino casi imperceptible. Fue cuando un compañero apareció y, con él, una decisión que en ese momento no parecía definitiva: ir al barrio. Desde esa primera vez, los días se volvieron parecidos y las salidas más lejanas. "Desde ese día fue que llegué y prácticamente no volví a irme", contó Robert.
En ese relato no hay dramas, pero sí una lógica clara: el barrio aparece como un punto de encuentro, un lugar donde el consumo no solo es posible sino accesible, casi organizado. Y no es casual. Desde principios de los 2000, Sucre se transformó en una zona de alta vulnerabilidad social, un espacio donde confluyen economías ilícitas, la habitabilidad de calle y una red informal que sostiene, pero también reproduce, el consumo de heroína en la ciudad. Lo que para algunos es un “sector deteriorado” o “la olla”, para otros es un territorio de tránsito, de permanencia intermitente, de supervivencia cotidiana.
Su historia no se organiza en un antes y un después, sino en intentos interrumpidos: universidad, trabajos, procesos de rehabilitación. “Eso conllevó a que yo no terminara la carrera (…) entré a rehabilitación (…) pero duré dos meses y medio (…) y después recaí”, dijo. Luego vinieron otras caídas, otros intentos, hasta que el deterioro dejó de ser solo físico: “sé que no estaba andrajoso, sino mentalmente desgastado, cansado emocionalmente”.
En ese punto apareció Don Luis, un tendero de la ‘Zona H’. “Él me ayudó, pero no solo económicamente”, recordó Robert. “Me aconsejaba (…) cuando yo no llamaba a mi mamá para reportarme, él lo hacía o le daba razones para que estuviera tranquila”. También le ofreció algo más cercano: “Me decía que fuera de vez en cuando a mi casa, que no queda acá en el barrio, para bañarme y hablar con ella”. Hasta que un día decidió dar el paso: “Le pedí el favor de la llamada (…) para avisarle o pedirle permiso de ir”. La respuesta fue inmediata: “Ella aceptó de una, me dijo que podía ir a asearme, a comer y que habláramos un rato”. Así, poco a poco, volvió, empezó a frecuentar más la casa. Y en 2020 algo se movió distinto: “Ese fue el detonante para que me estabilizaran emocionalmente”. No dejó el consumo de heroína, pero sí cambió la forma de habitarlo: empezó a ayudar a otros que atravesaban la misma situación.
Desde entonces, Robert estaba más atento a lo que pasaba en las calles. “Habitaba el barrio y colaboraba cuando se presentaba alguna sobredosis”, mencionó. La dinámica se volvió casi automática: la naloxona está distribuida en la mayoría de los hoteles y tiendas del barrio. No se exhibe de forma evidente, pero se identifica por letreros rojos, pegados a una pared o detrás de un mostrador, señales discretas que quienes habitan esas cuadras aprenden a ubicar. Cuando alguien cae, alguien avisa, alguien señala, y el recorrido ya está hecho. Entonces él va. Llega, reconoce y actúa. “Ya uno sabe qué hacer (…) cómo ayudar”, explicó. Así, entre llamados urgentes y recorridos breves, fue encontrando una forma distinta de sostenerse: “he colaborado con personas (…) para evitar que fallezcan o queden con secuelas”. No lo dice como un logro, sino como parte de algo más sencillo: estar ahí cuando alguien más lo necesita.
Eso sucede afuera, pero adentro la escena cambia. “Nosotros no solo brindamos material higiénico, para que únicamente consuman. Eso es básicamente una excusa para poder entrar a otros servicios”, explicó Alejandro Ángel, Coordinador Operativo del Centro de Acogida y Atención Integral. Ángel mencionó que la mayoría de las personas que llegan, alrededor del 90 %, viven en la calle, y lo que encuentran allí no es únicamente un lugar para consumir con menor riesgo; es una puerta de entrada a otras cosas: acompañamiento a citas médicas, acceso a medicamentos, apoyo psicosocial, duchas, ropa, comida. Es, en sus palabras, una forma de “acompañar el uso de sustancias” en lugar de negarlo.
La idea rompe con décadas de políticas centradas en la prohibición. Aquí, la pregunta no es primero por la abstinencia, sino por el riesgo: cómo evitar infecciones, enfermedades o la muerte. “Son espacios donde las personas pueden consumir en condiciones de menor riesgo y donde hay personal capacitado, no solo para atender una sobredosis, sino para ofrecer educación en salud y para acercar a las personas a servicios sociales y de salud a los que difícilmente llegan. Entendiendo que los problemas de consumo no ocurren en el vacío, sino que son la consecuencia de muchos determinantes estructurales como la pobreza, la exclusión, la falta de acceso a derechos fundamentales”, explicó Carolina Pinzón, directora del Área de Drogas y Salud Pública de la Universidad de Los Andes.
Aun así, la propuesta genera resistencias. Ver a alguien inyectándose en un espacio de atención incomoda, incluso a quienes creen entender el problema. Raúl Félix Tovar, psicólogo y director de Corporación Viviendo, la fundación que opera el centro, lo explicó sin rodeos: “Cuando el consumo ocurre en la calle, sin condiciones mínimas, sin higiene, sin nadie que pueda intervenir, lo que aumenta no es solo el consumo sino el daño. Aquí el problema no es solo la droga, es todo lo que pasa alrededor”.
Por eso, Tovar enfatizó que el espacio busca algo distinto: “la sala se vuelve un escenario que nos ayuda a que la confianza se dé, a que las posibilidades de hablar estén de manera regular y segura”. No se trata de exigir, sino de abrir. “No somos más que lo que llamaríamos un dispositivo de bajo umbral: las personas no tienen que pedir cita, no tienen que esperar un mes para ser atendidas, pueden venir cuando quieran y expresar lo que necesitan”. Y en ese margen, a veces mínimo, “en la medida en la que las posibilidades nos lo permitan, lo atenderemos (…) no siempre con los recursos que quisiéramos, pero siempre con la mejor voluntad que podamos”.
Ese desgaste es visible en Sucre. El subsecretario de Salud de Cali, Carlos Eduardo Pinzón, describió que el barrio, que alguna vez fue residencial, perdió su tejido social en los años noventa, cuando el comercio desplazó a los habitantes permanentes y el aumento del trabajo informal transformó el uso del espacio público. A eso se sumó el crecimiento del microtráfico y la llegada de poblaciones en situación de calle, configurando un territorio donde la circulación de personas es constante pero la permanencia es frágil. En ese sentido, el consumo de sustancias no es un fenómeno aislado; responde a una dinámica más amplia.
Las cifras dan una dimensión de lo que ocurre. “En 2024 se registraron 20 casos de sobredosis en la ciudad y tres muertes; en 2025, 58 casos y cuatro muertes”, mencionó Pinzón. Detrás de esto están personas que no alcanzaron a ser apoyadas, cuerpos que no encontraron a tiempo a alguien que supiera qué hacer.
Robert lo sabe porque lo vivió. En la calle, la sobredosis no siempre se reconoce a tiempo. El cuerpo cae, la respiración se vuelve lenta, y quienes están alrededor no siempre tienen las herramientas ni el conocimiento para intervenir. La naloxona cambia esa ecuación cuando está disponible. En el centro, hay personal que sabe usarla. En la comunidad, algunas personas han sido formadas para aplicarla. No es una solución total, pero es una diferencia concreta entre vivir y morir.
Tovar lo planteó desde la experiencia acumulada: cuando el consumo se da en condiciones poco asépticas, aumentan los riesgos de infecciones, de VIH, de hepatitis, de colapso de venas, de sobredosis. La sala no elimina esos riesgos, pero los reduce. Y esa reducción, que puede parecer mínima, se traduce en vidas que continúan. Robert ha estado ahí en ambos lados: como quien consume y como quien responde cuando algo sale mal.
El centro no elimina las realidades. Introduce una variación. Antes, su rutina era otra: “conseguir dinero, consumir, volver a empezar”. “Eran entre 50 y 60 mil pesos diarios”, dijo Robert. “La comida uno la resolvía, eso no era lo difícil. Lo difícil era sostener el consumo todos los días, porque eso no espera”, agregó. Ir del sur a Sucre y repetir sin pausas.
Hoy trabaja allí desde hace más de cinco meses. “Me ha ayudado mucho (…) en lo económico (…) y más que todo a mantenerme ocupado”, contó. La ocupación, en su caso, no es solo llenar el tiempo; es una forma de que el consumo no sea lo único que organiza el día.
Cuando habla de su relación con las drogas, no lo oculta. “No, realmente mi consumo sigue igual por la sencilla razón de que yo no quiero (…) no quiero dejar de consumir. Sí, a mí me gusta mi consumo”, dijo. Luego añadió: “yo no me visualizo por ahora dejándolo (…) no me gusta pensar en eso”. No hay desafío en sus palabras, solo una afirmación sostenida en el presente.
Sin embargo, hay otro aspecto, quizás menos evidente: “el trabajar y ayudar me ha dado más estabilidad emocional, más estabilidad económica, estar más ocupado (…) para no consumir”. El consumo no ha desaparecido de la vida de Robert, pero dejó de ser lo único. Hay trabajo, hay un lugar al que ir, hay condiciones distintas. El sentido del centro aparece ahí, en rodear ese acto de cuidado para evitar sobredosis, infecciones o muertes.
El propio Ministerio de Salud ha empezado a reconocerlo en sus lineamientos. No como una concesión, sino como una estrategia. Según esa entidad, el país ha avanzado en reconocer los espacios de consumo de menor riesgo “como una estrategia prioritaria (…) desde un enfoque de salud pública y derechos humanos”. También señaló que estos dispositivos están orientados a “prevenir eventos adversos, reducir muertes evitables y facilitar el acceso a servicios de salud”, especialmente en poblaciones en alta vulnerabilidad. Carolina Pinzón subrayó que estos espacios permiten reducir daños concretos, “que las personas no terminen reutilizando jeringas o utilizando agua de la calle”.
Además, la experta sostuvo que los centros de consumo asistido dignifican. “En estos lugares las personas pueden acceder y conectarse con una oferta del sector social que difícilmente pueden alcanzar en la vía pública: acceder a servicios, comida, ropa limpia e incluso a procesos culturales, deportivos o educativos”, mencionó.
MinSalud es explícito en algo que atraviesa la vida de Robert: el acceso a la salud no puede depender de dejar de consumir. La ley actual prohíbe negar atención por consumo activo y reconoce el derecho a la salud “sin discriminación alguna”, recalcó la entidad. En esa misma línea, la política pública empieza a hablar de dignificación en términos que se parecen más a lo que ocurre en este pasillo que a los discursos tradicionales: acompañar incluso cuando la persona decide seguir consumiendo, intervenir sin imponer, reducir daños sin exigir una transformación inmediata.
Robert está en ese punto intermedio. No es la historia de alguien que dejó la droga. Tampoco la de alguien completamente absorbido por ella. Es una historia en proceso, sostenida en el presente. No hay cierre. Hay continuidad. La posibilidad de que alguien llegue vivo al siguiente día. De que tenga tiempo, de que tenga garantías y de que, incluso sin dejar de consumir, pueda acudir a un lugar donde su vida sea cuidada.
