Violencia armada en Aracataca afecta gravemente a comunidad indígena arhuaco
El municipio de Aracataca, en el departamento del Magdalena, se ha convertido en el epicentro de un violento enfrentamiento entre dos grupos herederos del paramilitarismo: el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Esta confrontación ha dejado en medio a la población civil, especialmente a la comunidad de Serankwa, perteneciente al pueblo indígena arhuaco, ubicada en el área rural de este municipio.
Cifras alarmantes de violencia y violación al Derecho Internacional Humanitario
Según fuentes del Ejército Nacional, tres integrantes de la comunidad indígena arhuaco fueron asesinados durante los enfrentamientos, mientras que al menos nueve personas resultaron heridas, incluyendo tres menores de edad. Con este lamentable hecho, ya suman 26 las masacres registradas en lo que va del año 2026, de acuerdo con datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
El investigador Lerber Dimas ha señalado que lo ocurrido en esta zona de la Sierra Nevada constituye una clara violación al Derecho Internacional Humanitario. En sus palabras, se trata de "la degradación de un conflicto que no respeta las reglas mínimas". Dimas explicó que Serankwa, considerado el sector indígena arhuaco de la cuenca del río Aracataca, está siendo "arrasado con armas no convencionales".
Llamado urgente de organizaciones sociales y la diócesis de Santa Marta
Frente a esta crítica situación, diversas organizaciones sociales junto con la diócesis de Santa Marta enviaron una carta urgente el 10 de marzo a ambos grupos armados, quienes actualmente participan en mesas de negociación con el Gobierno del presidente Gustavo Petro. En el documento, solicitaron detener inmediatamente los enfrentamientos y adoptar medidas humanitarias concretas para proteger a la población civil afectada.
Las organizaciones advirtieron que varias comunidades rurales del municipio atraviesan una situación extremadamente crítica. "Comunidades como Serankwa, Sabana Gobierno, Dwinawimmaku y Gunmaku enfrentan hoy una situación crítica caracterizada por personas heridas, confinamientos, desplazamiento forzado, desapariciones y destrucción de viviendas y bienes de subsistencia", señaló el comunicado firmado por entidades como Vivamos Humanos, Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada, Coordinadora Humanitaria, Asafronelman y Afroresilientes.
Exigencias específicas para proteger a la población civil
En la misiva, las organizaciones recordaron que las partes en conflicto tienen obligaciones específicas frente a la población civil, de acuerdo con el Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional II relativo a los conflictos armados no internacionales. Entre las principales exigencias se encuentran:
- Declarar un cese al fuego humanitario en las zonas afectadas del municipio de Aracataca
- Habilitar un corredor humanitario temporal para evacuar a personas heridas
- Permitir el desconfinamiento de comunidades afectadas
- Facilitar el ingreso de ayuda humanitaria a las poblaciones vulnerables
Las organizaciones enfatizaron que los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes de la Sierra Nevada son sujetos de especial protección constitucional, y que "su protección es un deber ético, jurídico y humanitario que interpela a todos los actores".
Respuesta de las autoridades y operación humanitaria
El 8 de marzo, durante la jornada de elecciones legislativas, los enfrentamientos en la zona rural de Aracataca se intensificaron considerablemente. Ante esta emergencia humanitaria, la Defensoría del Pueblo solicitó la apertura urgente de un corredor humanitario para atender a las personas heridas y permitir el ingreso de ayuda a las comunidades afectadas.
La respuesta llegó dos días después. El 10 de marzo, la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército Nacional realizó una operación aérea de apoyo humanitario para evacuar a personas de la comunidad de Serankwa. Entre los evacuados se encontraban niños, mujeres y varios heridos, quienes, según indicó la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, recibirán atención médica en Santa Marta, específicamente en el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche.
Al día siguiente, el 11 de marzo, la Defensoría del Pueblo emitió un nuevo comunicado informando que había acompañado a las autoridades tradicionales arhuacas en la misión humanitaria en la zona. La entidad también señaló que informó al Ministerio del Interior sobre la materialización de los riesgos advertidos en las Alertas Tempranas 020 y 013 de 2025, y pidió convocar de manera urgente a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) para coordinar acciones de protección y atención humanitaria.
Compromisos incumplidos y panorama desalentador
Este episodio de violencia en la Sierra Nevada pone en entredicho los acercamientos del Gobierno Nacional con estos grupos en el marco de la política de paz total. Tanto el Clan del Golfo como las ACSN participan en espacios socio-jurídicos de conversación con el Ejecutivo y, según recordó la Defensoría, en febrero habían asumido compromisos específicos para respetar el derecho internacional humanitario y proteger a la población civil.
El pacto más reciente fue el de las Autodefensas de la Sierra que, tras una reunión en Bogotá el pasado 18 de febrero, hicieron énfasis en el respeto de los derechos de la población civil, especialmente de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, siguiendo los lineamientos del Derecho Internacional Humanitario.
Por su parte, el Clan del Golfo firmó un pacto de respeto a los comicios electorales, que quedó consignado en el acuerdo del pasado 5 de diciembre, al cierre del sexto ciclo de conversaciones en Catar. "La paz electoral va más allá del día de la votación. Implica el respeto a la participación política, a la libre expresión de los ciudadanos y al desarrollo normal de la dinámica electoral en los municipios", afirmó en enero Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con esa estructura.
A pesar de estos compromisos formales, los recientes combates en Aracataca demuestran claramente que la confrontación entre ambos grupos continúa afectando directamente a la población civil de la Sierra Nevada. Las comunidades enfrentan actualmente confinamientos forzados, desplazamientos masivos y una crisis humanitaria que amenaza con intensificarse en los próximos días, poniendo en riesgo la vida y los derechos fundamentales de cientos de personas en esta región del Magdalena.
