Defensoría del Pueblo alerta sobre grave crisis humanitaria por paro armado del ELN en Chocó
La Defensoría del Pueblo ha encendido todas las alarmas ante el paro armado indefinido declarado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Bajo Baudó, departamento de Chocó. Esta medida coercitiva, vigente desde el martes 17 de marzo, mantiene en situación de confinamiento forzado a numerosas comunidades y restringe de manera severa sus derechos fundamentales.
Impacto humanitario devastador en comunidades étnicas
Según el detallado informe de la entidad defensorial, la medida afecta de manera crítica a 25 comunidades, entre las cuales se encuentran:
- 16 comunidades afrocolombianas, que agrupan a 530 familias, equivalentes a 1.933 personas.
- 9 comunidades indígenas, con 886 familias, lo que representa 4.114 personas.
En total, 6.047 personas enfrentan graves limitaciones en su movilidad, acceso a alimentos, servicios de salud y derecho a la educación. Uno de los impactos más críticos es el confinamiento absoluto, que impide la circulación por los ríos Docampadó, Ijuá y Orpúa, principales vías de transporte en la región.
Esta restricción ha generado una crisis de abastecimiento de productos básicos, paralizado las jornadas médicas programadas y suspendido por completo la asistencia a clases de niños, niñas y jóvenes de la zona.
Escalada de violencia y respuesta de las autoridades
La gobernadora del departamento del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, confirmó oficialmente que el paro armado comenzó a las 00:00 horas del 17 de marzo en las zonas ribereñas mencionadas. "Ha comenzado un nuevo constreñimiento ilegal anunciado por el ELN en el municipio de Bajo Baudó", declaró la mandataria regional.
Además, alertó sobre ataques recientes perpetrados por este grupo armado, como el ocurrido contra la estación de Policía de Santa Rita, en el municipio de Río Iró, donde se utilizaron granadas lanzadas mediante drones. Ante esta compleja situación, se instaló un consejo de seguridad con presencia de la Fuerza Pública y el Ministerio Público para coordinar la respuesta institucional.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue contundente en su declaración: "Atacar a la población civil, confinarla, amenazarla es un crimen de guerra". El alto funcionario advirtió que estas acciones, cuando son sistemáticas y generalizadas, constituyen "un crimen de lesa humanidad" según el Derecho Internacional.
Como parte de la respuesta estatal, Sánchez anunció el despliegue de operaciones militares en la zona afectada y ofreció una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a alias 'Genaro', señalado como cabecilla del grupo armado en esa región del Chocó.
Llamado urgente por la protección de la población civil
La Defensoría del Pueblo reiteró que las acciones armadas que generan terror en la población civil y restringen el acceso a bienes esenciales vulneran de manera flagrante el Derecho Internacional Humanitario. En ese sentido, hizo un llamado urgente a todas las autoridades competentes para adoptar medidas inmediatas que garanticen la protección integral de las comunidades afectadas.
Simultáneamente, la entidad pidió públicamente al ELN cesar de inmediato el paro armado y todas las acciones que afectan a la población civil. La Defensoría enfatizó con firmeza que "ninguna acción en el marco del conflicto armado puede poner en riesgo la vida, la dignidad y los derechos fundamentales de las comunidades".
Este llamado adquiere especial relevancia en territorios como Bajo Baudó, donde habitan pueblos étnicos que, según la Constitución y las normas internacionales, requieren especial protección y garantías por parte del Estado colombiano.
