El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ordenó una investigación sobre la presunta explotación ilegal de una mina de oro dentro de una base militar en Antioquia, un hecho que, según el Gobierno, será esclarecido con "total contundencia" ante el riesgo de infiltración de economías criminales en instalaciones del Estado y las implicaciones que esto tiene para el control territorial y la seguridad institucional.
Denuncia de The New York Times
La denuncia fue revelada por un reportaje del diario The New York Times, basado en el trabajo del fotoperiodista Federico Ríos, que documentó la existencia de la mina conocida como 'La Mandinga', operada por el Clan del Golfo. Las imágenes aéreas muestran que la explotación se extiende hasta unos 137 metros de instalaciones del Batallón Rifles, en el municipio de Caucasia.
El caso tomó relevancia por la proximidad de la actividad minera ilegal a la infraestructura militar, lo que abre interrogantes sobre la efectividad de los controles internos y la capacidad de las autoridades para detectar operaciones ilícitas en zonas bajo su jurisdicción. En su pronunciamiento, el ministro reiteró la política de "cero tolerancia" con la minería ilegal y los delitos ambientales.
Reacción del Ministerio de Defensa
El ministro Sánchez señaló que se realizará una verificación inmediata para establecer los hechos y determinar responsabilidades. "No se tolerará ninguna relación entre los miembros del sector defensa y las economías criminales", afirmó, al advertir que tampoco se admitirán "omisiones" en el cumplimiento del deber institucional de combatir este tipo de actividades ilícitas.
El pronunciamiento oficial deja abierta la posibilidad de investigar tanto la existencia de la explotación como eventuales fallas en la supervisión dentro de la base. Según el Gobierno, "si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley", en un mensaje que apunta a preservar la integridad institucional.
Por su parte, el comandante del batallón, coronel Daniel Echeverry, negó inicialmente que se estuviera extrayendo oro dentro de la base, pero tras revisar las pruebas presentadas en el reportaje expresó sorpresa y aseguró que se tomarán medidas frente a la situación. Este giro refleja la gravedad de la información revelada y la necesidad de esclarecer los hechos.
Clan del Golfo y minería ilegal
El reportaje atribuye la operación de la mina al Clan del Golfo, la principal organización criminal del país, lo que refuerza la dimensión del caso como un problema de economías ilegales con capacidad de operar en territorios estratégicos. La minería ilegal de oro, además de alimentar estructuras criminales, genera impactos económicos y ambientales de alto alcance.
El ministro subrayó que estas actividades provocan un "enorme daño ambiental", lo que añade presión sobre las autoridades para fortalecer los controles en zonas vulnerables. En este contexto, la explotación ilícita no solo representa una fuente de financiación para grupos armados, sino también una distorsión en las economías locales y en el uso de los recursos naturales.
El caso se produce en un momento en el que el Gobierno destaca avances en la lucha contra la minería ilegal, con operaciones en cerca de 2.500 minas y la destrucción de alrededor de 1.000 máquinas utilizadas en estas actividades durante el año. Estas cifras buscan evidenciar una estrategia activa frente a un fenómeno extendido en distintas regiones.
Investigación en curso
La apertura de la investigación apunta a determinar si la presencia de la mina dentro de la base responde a una falla en los sistemas de control o a posibles irregularidades en el interior de la institución. En ambos escenarios, el caso representa un desafío para la credibilidad del Estado en su capacidad de combatir economías ilícitas.
El Ministerio de Defensa insistió en que "toda denuncia será investigada y toda irregularidad será corregida", en un mensaje que busca reafirmar la posición oficial frente a la minería ilegal. Sin embargo, la magnitud del hallazgo plantea un escenario complejo, en el que la penetración de estructuras criminales en territorios sensibles obliga a revisar los mecanismos de supervisión.
