La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó como víctimas a tres hijos y dos nietos de crianza de un hombre asesinado en 2008 en Dagua, Valle del Cauca. La decisión fue tomada dentro del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado.
Reconocimiento de la familia de crianza
Según estableció la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, aunque entre ellos no existían vínculos biológicos, sí conformaban una “familia real unida por el amor, el cuidado y años de convivencia”. La víctima, de acuerdo con el expediente, era quien sostenía y orientaba el núcleo familiar antes de ser asesinado presuntamente por integrantes del Batallón de Alta Montaña No. 3 Rodrigo Lloreda Caicedo del Ejército.
Daño intergeneracional
La Jurisdicción concluyó además que el crimen dejó un daño que trascendió generaciones. Es decir, que las afectaciones emocionales, sociales y económicas no terminaron con la muerte del hombre, sino que continuaron impactando la vida de sus hijos y nietos de crianza años después de los hechos.
“La sala concluyó que, como ocurrió en este caso, las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) propias del conflicto armado impactaron profundamente las estructuras familiares de crianza, generando afectaciones emocionales, económicas y sociales que continuaron impactando la vida de hijos y nietos de la víctima. El daño causado por el crimen no se agotó con el paso del tiempo, sino que siguió presente en la vida de las generaciones posteriores”, dice el documento.
Antecedentes legales
Para tomar la decisión, la JEP también tuvo en cuenta un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 2022, que ya había reconocido la existencia de esta familia de crianza y condenado al Estado por los daños causados.
Derechos de las víctimas acreditadas
Con esta acreditación, los cinco integrantes de la familia podrán participar formalmente en el proceso judicial ante la JEP, aportar pruebas, intervenir en diligencias, recibir acompañamiento jurídico y psicosocial, y acceder a medidas de protección si llegaran a enfrentar riesgos o amenazas.
El magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez señaló en el auto que el reconocimiento busca garantizar que la justicia transicional responda a las distintas formas de familia existentes en el país y no únicamente a los vínculos biológicos o legales. Además, la Sala ordenó medidas especiales de protección para los dos menores de edad acreditados en este caso, con el fin de evitar su revictimización.
