Fiscalía desmantela plan criminal de disidencias en el Catatumbo
Desde las profundidades de la selva del Catatumbo, los líderes de las disidencias de las Farc escucharon las contundentes pruebas que la Fiscalía General de la Nación ha reunido en su contra. Las autoridades judiciales han logrado reconstruir una compleja red de órdenes criminales diseñada desde las cúpulas de estos grupos armados para consolidar el control territorial y económico en esta estratégica región del país.
Un plan sistemático de violencia y control
La creciente confrontación armada en el Catatumbo durante los primeros meses de 2025 dejó al descubierto una sofisticada estructura criminal que, según las investigaciones de la Fiscalía, habría sido orquestada desde los máximos mandos de las disidencias de las antiguas Farc. El objetivo principal era imponer autoridad armada en municipios clave como Tibú, El Tarra, Teorama y Hacarí, en el departamento de Norte de Santander, explicaron fuentes oficiales.
Las directrices estratégicas no se limitaban al combate armado contra grupos rivales, especialmente contra estructuras del Eln, sino que incluían un componente económico fundamental. Los cabecillas habrían diseñado un sistema de financiamiento basado en rentas ilegales que permitió sostener operaciones violentas durante varios meses consecutivos, según los documentos de la investigación.
Los imputados y sus crímenes
En una audiencia virtual celebrada en Cúcuta, un fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales presentó cargos contra tres importantes cabecillas:
- Javier Alonso Velosa García, alias Jhon Mechas, cabecilla del Bloque Magdalena Medio
- Carlos Eduardo García Tellez, alias Andrey Avendaño, jefe político del autodenominado Frente 33
- Farby Edison Parra Parra, alias Richard, jefe financiero del mismo frente disidente
A estos tres individuos se les imputaron cargos por:
- Homicidio en persona protegida
- Reclutamiento ilícito
- Desplazamiento forzado
- Concierto para delinquir agravado
El impacto humanitario: cifras que alarman
Los análisis criminológicos, combinados con denuncias ciudadanas y trabajos de campo investigativo, revelaron un preocupante balance humanitario que evidencia la sistematicidad de los crímenes:
- 37 casos de homicidio, muchos contra objetivos estratégicos de los grupos armados
- 31 episodios de reclutamiento forzado de menores de edad, utilizados para reforzar las filas de combate
- 87 personas afectadas por desplazamientos forzados, obligadas a abandonar sus hogares ante amenazas y presión armada
La Fiscalía fue enfática al señalar que estas acciones no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de una política criminal organizada y planificada desde las cúpulas de las disidencias. Los cabecillas habrían instruido a sus subordinados para generar un clima de terror en la población civil mediante amenazas, asesinatos selectivos y presiones para el desplazamiento forzado de familias enteras.
Control territorial y rutas del narcotráfico
El esquema de control social implementado por estas estructuras ilegales habría facilitado la expansión de su dominio sobre corredores estratégicos para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. La disputa por estas rutas del narcotráfico y economías ilegales explica en gran medida la escalada de violencia entre las disidencias de las Farc y el Eln en la región, según el análisis de las autoridades.
Este caso representa un avance significativo en la lucha contra las organizaciones criminales que operan en zonas de frontera y demuestra la capacidad de la Fiscalía para investigar y judicializar crímenes complejos que afectan a comunidades vulnerables en regiones apartadas del país.
