La consolidación de la impunidad en las disidencias de las Farc
La impunidad de la cúpula de las disidencias de las Farc se ha consolidado de manera progresiva y sistemática. Numerosos cabecillas han logrado blindar su pasado criminal mediante los beneficios otorgados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mientras que otros han fingido sus muertes o aseguraron su libertad bajo la figura de 'gestores de paz'. Estos últimos han recibido beneficios del gobierno nacional sin que existan mecanismos reales de verificación que garanticen su compromiso con la paz.
El costo económico de una política fallida
Con persistente obstinación, el gobierno ha mantenido mesas de diálogo de Paz Total con 22 estructuras criminales diferentes. Esta política ha representado un gasto superior a los $70.000 millones de pesos, cifra que se eleva a aproximadamente $320.000 millones cuando se incluyen todos los contratos de logística asociados. Para dimensionar esta cantidad, equivale a doce veces el valor del dragado del Puerto de Buenaventura, uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país.
El crecimiento criminal durante los diálogos
Mientras representantes del Estado se sientan en mesas de diálogo, la realidad en los territorios es completamente diferente. Doce grupos narcoterroristas han experimentado un crecimiento del 27% durante estos procesos, reclutando aproximadamente 500 nuevos integrantes cada mes. Este fortalecimiento se ha traducido en un aumento significativo de la violencia en múltiples dimensiones:
- Incremento del 7,6% en el número total de homicidios
- Aumento del 85% en desplazamiento forzado
- Crecimiento del 300% en ataques a la fuerza pública
- Incremento del 71% en ataques contra figuras políticas, incluyendo el magnicidio del candidato presidencial Miguel Uribe
La infiltración criminal en el Estado
La Fiscalía Nacional ha presentado evidencia contundente sobre las actividades delictivas de los denominados 'gestores de paz'. Según las investigaciones, estos individuos habrían cometido graves delitos que incluyen:
- Homicidios por encargo
- Vínculos criminales con altos funcionarios del Estado para traficar armas
- Infiltración que compromete la seguridad de operaciones militares
- Acceso a información reservada de inteligencia
Esta infiltración sistemática debilita la capacidad misma del Estado para enfrentar estructuras criminales organizadas, creando un círculo vicioso de impunidad y corrupción.
El pago con lingotes de oro
Diversas fuentes con conocimiento directo de los procesos en terreno han señalado un hecho particularmente preocupante: algunos de los 'gestores de paz' presuntamente habrían pagado su ingreso al proceso con lingotes de oro. De confirmarse esta información, no solo se evidenciarían fallas críticas en la ejecución de la Paz Total, sino que se revelaría un esquema de impunidad negociada que corrompe los fundamentos mismos del proceso de paz.
La dimensión internacional del riesgo
La amenaza trasciende las fronteras nacionales. En los corredores estratégicos entre Nariño y Putumayo, con proyección hacia las provincias ecuatorianas de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos y Puerto Bolívar, las disidencias de las Farc han establecido alianzas con el grupo criminal ecuatoriano Los Lobos. Esta colaboración criminal internacional ha tenido consecuencias devastadoras.
Recientemente capturados, los cabecillas alias 'Pipo' y 'Lobo Menor' han sido señalados -junto con actores políticos vinculados al correísmo- como presuntos autores intelectuales del magnicidio del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. La ejecución operativa fue delegada a las disidencias de las Farc operadas desde Cali mediante alias 'Gordo Luis'. Tras el magnicidio, seis sicarios fueron detenidos, y posteriormente, cinco de ellos fueron asesinados dentro de la prisión, evidenciando el alcance y la brutalidad de estas redes criminales.
Colombia regresa a la lista del terrorismo internacional
Negociar ambigüedades con las disidencias de las Farc ya no representa una simple apuesta política, sino un riesgo estratégico de dimensiones históricas. Cuando la Paz Total se percibe como concesión a estructuras criminales con capacidad de interferir en procesos políticos democráticos, la comunidad internacional deja de esperar resultados y empieza a contemplar intervenciones.
Esta no es una hipótesis abstracta. Después de varios años fuera de las listas críticas, Colombia ha vuelto a figurar este año entre los diez países más afectados por el terrorismo, una señal inequívoca del deterioro acelerado de las condiciones de seguridad. Esta lista incluye países como:
- Burkina Faso
- Pakistán
- Siria
- Mali
- Níger
- Nigeria
- Somalia
- Irak
- Afganistán
En todos estos países, la pérdida de control estatal justificó bombardeos y operaciones militares extranjeras contra grupos terroristas locales. Ese es el desenlace cuando la soberanía nacional se debilita hasta niveles críticos. Colombia se encuentra actualmente en esa antesala peligrosa. La decisión que enfrenta el país es simple pero trascendental: o recupera el control de su territorio y sus instituciones, o acepta que otros lo hagan por ella.
Un llamado a la acción estratégica
La situación actual exige un replanteamiento urgente de las políticas de seguridad y paz. La evidencia demuestra que los actuales enfoques no solo han sido ineficaces, sino que han fortalecido a las estructuras criminales mientras debilitan al Estado. El riesgo de intervención internacional se vuelve más tangible cada día que persiste la impunidad y crece la influencia criminal.
Colombia enfrenta una encrucijada histórica donde las decisiones tomadas en los próximos meses determinarán si el país recupera su soberanía plena o se convierte en otro caso de estado fallido que requiere intervención externa. El tiempo para acciones decisivas se agota rápidamente.
