Continúan los episodios de tensión en la mesa de paz total del Gobierno de Gustavo Petro con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), al mando de Walter Mendoza. Este martes, la delegación del Ejecutivo emitió un comunicado en el que exige a la disidencia que aclare su responsabilidad en los hechos de violencia recientes ocurridos en el departamento de Nariño, donde una mina antipersonal hirió a cuatro menores de edad y un ataque con drones causó la muerte de tres soldados. Los delegados advirtieron que las negociaciones se encuentran en un estado altamente crítico.
Condena a los ataques
En el documento, la delegación condenó enfáticamente el ataque con drones cargados de explosivos en la zona rural del municipio de Ipiales, corregimiento La Victoria, vereda La Esfloria, en el que perdieron la vida tres soldados profesionales: Andrés Esteban Álvarez, Darwin Arnoldo Gómez y Brayan Steven Galindo. Según el comunicado, esto constituye una grave violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. De confirmarse la participación de los Comandos de La Frontera, sería también una violación del compromiso hecho por el grupo armado de no atacar a la fuerza pública.
Rechazo al accidente con mina
La delegación también rechazó el accidente ocurrido en la vereda La Laguna, municipio Olaya Herrera, donde cuatro menores resultaron heridos por una mina antipersonal. En esa zona hace presencia el frente Alfonso Cano de la estructura Coordinadora Guerrillera del Pacífico. El Gobierno señaló que la afectación de los niños significa el incumplimiento del compromiso acordado en el cuarto ciclo de negociaciones, que obliga al grupo armado a garantizar que los territorios estén libres de minas y artefactos explosivos.
Consecuencias en la mesa
Según los negociadores del Ejecutivo, estos hechos son inadmisibles y afectan los avances en el marco de la mesa de diálogos. El comunicado concluye que no pueden aceptar que el grupo armado mantenga un discurso de paz mientras sus unidades cometen acciones delictivas de extrema gravedad que atropellan lo pactado y cobran vidas. El delegado del Gobierno, Armando Novoa, dijo que evaluará de manera inmediata el curso y la suerte de esos diálogos y que hará consultas con el presidente Gustavo Petro y el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño.
Pausa del séptimo ciclo
La tensión en la mesa de paz viene desde hace semanas, con dos suspensiones del séptimo ciclo de diálogos. La primera fue en marzo, cuando la delegación de la CNEB pausó el ciclo por la muerte de uno de sus miembros en un operativo del Ejército. También influyeron las dudas sobre el ingreso de Geovany Andrés Rojas, conocido como Araña y jefe de los Comandos de Frontera, a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT). La segunda pausa ocurrió hace una semana, dos días después de que las delegaciones se reunieran en Chimbuza, municipio de Roberto Payán, para verificar los avances en la sustitución de 30.000 hectáreas de coca entre Nariño y Putumayo. Hay un desacuerdo de fondo sobre quién debe pagar la sustitución de la coca. Según la delegación del Gobierno, hay estructuras de la CNEB que hacen presencia en otras regiones de Nariño y no han asumido ningún compromiso para la erradicación de la coca. La estructura armada respondió al Gobierno en una carta, rechazando la decisión y hablando de un giro inexplicado del Gobierno que implicaría asumir por cuenta del grupo la erradicación de una cifra aún desconocida de hectáreas de coca y cubrir su costo.
