En una audiencia virtual de más de dos horas, la Fiscalía General de la Nación expuso los detalles de cómo el Frente 33 de las disidencias de las Farc ejecutó una serie de crímenes en la región del Catatumbo, incluyendo la contratación de sicarios en Medellín y el uso de drones cargados con explosivos.
Imputaciones a tres jefes del Frente 33
La Fiscalía imputó cargos a tres jefes de esta estructura armada, identificados como alias Richard, alias Jhon Mechas y alias Andrey, quienes se conectaron de manera virtual desde la zona selvática del Catatumbo. Durante la diligencia, el ente acusador detalló 37 homicidios, 34 desplazamientos forzados y 31 casos de reclutamiento de menores.
Contratación de sicarios en Medellín
Uno de los aspectos más impactantes fue la presunta contratación de sicarios en Medellín para ejecutar al menos dos asesinatos en zona rural de Tibú. Según el expediente, estas acciones habrían sido coordinadas por alias Richard, señalado cabecilla financiero del grupo. El crimen de José Agustín Sánchez, ocurrido el 14 de febrero, habría sido ejecutado por sicarios llegados desde Medellín, y días después los mismos hombres estarían implicados en el asesinato de una comerciante en La Gabarra.
Uso de drones y otros crímenes
La Fiscalía también incluyó el ataque con un dron cargado con explosivos contra la vivienda de un campesino de 73 años, quien murió días después por la gravedad de las heridas. Además, se documentaron secuestros y asesinatos selectivos, como el de Pedro María Ropero, líder comunal vinculado al programa de sustitución de cultivos ilícitos.
Contexto de violencia en el Catatumbo
Un procurador especial explicó que los primeros movimientos armados se registraron el 4 de enero del año pasado con el ingreso de combatientes del ELN provenientes de Arauca y Venezuela. La Defensoría del Pueblo ubicó el punto crítico el 16 de enero, tras el asesinato de una familia en zona rural, hecho que el ELN atribuyó al Frente 33 y que desató una ofensiva en municipios como Teorama, Convención, San Calixto y Hacarí.
Reclutamiento de menores
La investigación también señala el reclutamiento de menores, a quienes, según la Fiscalía, entrenaban con armas de largo y corto alcance para integrarlos a la guerra. Varios de estos menores fueron recuperados por la Fuerza Pública y puestos bajo protección del ICBF.
Los imputados no aceptaron cargos
Los tres imputados no aceptaron los cargos durante la diligencia. Uno de ellos afirmó haber sido víctima del conflicto desde su niñez. Tras su intervención, se desconectaron de la audiencia virtual.
