ELN anuncia levantamiento de paro armado en Bajo Baudó, pero el temor persiste entre comunidades
La Defensoría del Pueblo confirmó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció el levantamiento del paro armado en la región del Bajo Baudó, departamento de Chocó. Sin embargo, esta medida no ha logrado calmar el pánico entre las poblaciones locales, que continúan sufriendo las consecuencias de más de una semana de restricciones forzadas.
Más de 6.000 personas en confinamiento sin acceso a alimentos
Según el informe de la Defensoría, más de 6.000 personas de comunidades afrocolombianas e indígenas han permanecido en total confinamiento durante casi ocho días, quedando sin acceso a alimentos y servicios básicos esenciales. La situación de orden público generada por la guerrilla ha creado una crisis humanitaria de proporciones alarmantes en esta zona del país.
"Aunque el paro ha sido levantado, las comunidades siguen con miedo, en medio de confrontaciones y presiones tanto del ELN como del 'Clan del Golfo'", advirtió la Defensoría en su comunicado oficial. La entidad hizo un llamado urgente a todos los actores armados para cesar estas prácticas que violan el Derecho Internacional Humanitario.
Comunidades étnicas afectadas en su autonomía territorial
La Defensoría fue enfática al señalar que "el territorio no les pertenece: pertenece a las comunidades, en especial, a los pueblos étnicos, cuya autonomía debe ser respetada y garantizada". Entre las poblaciones afectadas se encuentran 16 comunidades afrocolombianas con 530 familias (1.933 personas) y nueve comunidades indígenas con más de 4.100 personas, sumando más de 1.400 familias impactadas.
Las consecuencias del paro armado incluyen:
- Interrupción de la asistencia escolar de niñas y niños
- Vulneración de derechos territoriales de comunidades afrodescendientes e indígenas
- Desabastecimiento total de alimentos y medicamentos
- Imposibilidad de funcionamiento mínimo de instituciones públicas
Respuesta institucional y dificultades logísticas
La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, confirmó personalmente el levantamiento del constreñimiento armado a partir del 23 de marzo. La mandataria se desplazó hasta la zona llevando 10 toneladas de alimentos para las familias afectadas y presidió un consejo de seguridad en el territorio.
"Durante casi ocho días de la restricción más de 6.000 personas han estado en total confinamiento con afectación de sus derechos fundamentales", declaró la gobernadora, quien rechazó categóricamente los señalamientos del ELN en su contra.
Sin embargo, la respuesta humanitaria ha enfrentado serias dificultades. La secretaria del Interior y Gobierno de Chocó, Jenny Rivas, informó que cuando intentaron enviar ayudas, las condiciones climáticas adversas impidieron que la aeronave aterrizara en la zona de Orpúa debido a las fuertes lluvias. Posteriormente, funcionarios lograron llegar a Pizarro, cabecera municipal del Bajo Baudó.
Llamado a la protección de autoridades públicas
La Defensoría instó al ELN a cesar la estigmatización de las autoridades públicas establecidas por la institucionalidad democrática. "Estas autoridades cumplen su labor en condiciones sumamente adversas, agravadas por la acción de los grupos armados", señaló el organismo, destacando que en muchos casos estas acciones impiden el funcionamiento mínimo de las instituciones.
La crisis se concentra en la región de los ríos Orpúa, Ijuá y Docampadó, donde el paro armado mantuvo a miles de personas en situación de vulnerabilidad extrema. La gobernadora Córdoba anunció que de manera inmediata se concertará el desplazamiento de personal médico y de verificación humanitaria a la zona para establecer la condición real de la población afectada.
Mientras tanto, tropas del Ejército Nacional continúan patrullando la región y sosteniendo combates contra el ELN, en un esfuerzo por restablecer la seguridad en este territorio históricamente afectado por el conflicto armado.
