ELN levanta paro armado en Bajo Baudó tras seis días de asedio
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este lunes festivo el fin del paro armado que mantuvo bajo asedio durante seis días al municipio de Bajo Baudó, en el departamento del Chocó. La noticia, confirmada oficialmente por la Defensoría del Pueblo, marca el cese de las restricciones de movilidad que afectaron a miles de personas en esta región del Pacífico colombiano.
Sin embargo, el organismo de control advirtió de manera contundente que el levantamiento de la medida no significa el fin de la crisis humanitaria que golpea a las comunidades de la zona. A través de un pronunciamiento oficial, la Defensoría instó al ELN y a otras organizaciones ilegales a detener inmediatamente las agresiones contra la población civil.
Consecuencias devastadoras para las comunidades
Pese a la reactivación de la movilidad en los ríos, el balance social es crítico y profundamente preocupante. Más de 20 comunidades indígenas y afrodescendientes sufrieron durante estos seis días el desabastecimiento total de alimentos y la interrupción completa de servicios básicos esenciales para su supervivencia.
La Defensoría del Pueblo subrayó especialmente el impacto devastador en la infancia, reportando la suspensión forzada de clases para cientos de niños y niñas debido al alto riesgo de quedar atrapados en medio de confrontaciones armadas. "Persisten las consecuencias de varios días sin acceso a bienes y servicios básicos, la interrupción de la asistencia escolar de niñas y niños, y la vulneración de los derechos territoriales de comunidades afrodescendientes e indígenas", detalló el organismo con preocupación.
Emergencia sanitaria y bloqueo fluvial
La situación de salud pública genera alarma extrema entre las autoridades locales, dado que el bloqueo de las arterias fluviales -únicas vías de transporte en el Bajo Baudó- impidió completamente el traslado de pacientes críticos y la entrada de suministros médicos esenciales. Esta paralización afectó especialmente a personas con enfermedades crónicas y emergencias médicas que requieren atención inmediata.
En su comunicado oficial, la Defensoría fue enfática al cuestionar la pretendida gobernanza criminal que intentan imponer los grupos armados en el Pacífico colombiano. "El territorio no les pertenece: pertenece a las comunidades, en especial a los pueblos étnicos, cuya autonomía debe ser respetada y garantizada, con el apoyo de las autoridades locales y nacionales, para que puedan vivir en libertad", sentenció la entidad con firmeza.
Panorama complejo y riesgo de expansión
La complejidad del escenario se intensifica con la presencia adicional del Clan del Golfo en la zona, lo que mantiene a los habitantes en un estado de incertidumbre y temor constante. La Defensoría también rechazó categóricamente los señalamientos del grupo insurgente contra los funcionarios públicos de la región, afirmando que estas autoridades "cumplen su labor en condiciones sumamente adversas, agravadas por la acción de los grupos armados".
El panorama se torna aún más preocupante tras las denuncias de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, quien alertó sobre la posible incursión de facciones de las disidencias de las FARC en este corredor estratégico. La mandataria, que denunció haber recibido amenazas directas por parte del ELN durante el paro armado, ha solicitado una intervención estatal integral que vaya más allá de la asistencia militar tradicional.
Reactivación económica con sombras de temor
La reactivación de actividades económicas como la pesca y el comercio en la cabecera municipal de Pizarro inició formalmente este lunes, pero el rastro de la parálisis económica y el miedo a nuevas represalias siguen presentes de manera palpable en las veredas más alejadas y vulnerables. Las comunidades enfrentan ahora el desafío de reconstruir sus medios de vida mientras lidian con el trauma psicológico de seis días de confinamiento y amenazas constantes.
La Defensoría reiteró su llamado urgente al ELN y a todos los actores armados a cesar estas prácticas de confinamiento, incluso parciales, que se han vuelto recurrentes en la región. "Su deber es respetar plenamente el derecho internacional humanitario (DIH) y mantener a las comunidades al margen de las hostilidades", señaló el organismo con especial énfasis en la protección de la población civil.
