Las disidencias comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, continúan consolidando su influencia en amplias zonas rurales del sur de Colombia. Informes conocidos por EL TIEMPO revelan cómo estructuras armadas vinculadas al Bloque Jorge Suárez Briceño estarían utilizando presión sobre comunidades campesinas para fortalecer su control territorial y ampliar sus rentas ilegales en zonas de Caquetá y Meta.
Documentos, testimonios y conversaciones que hoy reposan en la Fiscalía 26 Seccional de San Vicente del Caguán dan cuenta de movilización de familias campesinas, ocupación de territorios cercanos a reservas naturales, presión armada sobre comunidades y restricciones al ingreso de tropas en zonas donde esa organización mantiene presencia.
Incidente en San Vicente del Caguán
Uno de los episodios que encendió las alertas y que ya está en conocimiento de la Fiscalía ocurrió el pasado 15 de abril, cuando cerca de 400 personas llegaron en camionetas y motocicletas hasta una Base de Patrulla Móvil del Ejército en zona rural de San Vicente del Caguán. Desde entonces, las autoridades recopilan información sobre hechos ocurridos en sectores cercanos a Tinigua, la Sierra de La Macarena y Los Picachos, corredores donde esa estructura armada mantiene una de sus principales áreas de influencia y donde además disputa territorio con la facción de alias Iván Mordisco.
Según el reporte, entre los asistentes había civiles y presuntos integrantes de la estructura Arturo Ruiz vestidos de civil. El documento sostiene que la población “habría sido obligada y constreñida a asistir al sector bajo presión de dicha estructura armada ilegal”. La situación escaló cuando los presentes exigieron a los militares abandonar el área y trasladarse hacia un sector conocido como “Casa Rosada”. Los uniformados fueron rodeados y posteriormente conducidos durante aproximadamente ocho kilómetros por integrantes de la denominada guardia campesina y hombres señalados de pertenecer a las disidencias.
Patrón de intimidación
Las denuncias conocidas por las autoridades describen un patrón que va más allá de hechos aislados. En un consejo de seguridad realizado el 16 de abril en San Vicente del Caguán, autoridades civiles, militares y organismos locales discutieron “actos de intimidación, constreñimiento e instrumentalización de la población civil” promovidos presuntamente por integrantes de esa estructura armada.
En una de las conversaciones conocidas por este diario, una fuente resume así lo que estaría ocurriendo en la región: “Están trayendo gente de Caquetá y comenzaron a poblar territorios del Meta”. La explicación detrás de esa frase va más allá de ocupaciones improvisadas. Según los relatos entregados a las autoridades, las familias trasladadas llegarían a zonas cercanas a áreas protegidas para desarrollar proyectos agrícolas y ganaderos impulsados por la organización armada mientras avanza la deforestación en sectores selváticos. “Eso no es de la familia que ponen ahí, eso es de la organización”, afirma otro de los interlocutores en las conversaciones entregadas a la Fiscalía.
Dominio social y control de líderes comunales
Los reportes también advierten sobre el creciente dominio social que estaría ejerciendo la facción de Calarcá en veredas y caseríos de la región. Según información entregada por un integrante de la organización identificado con el alias de Diomedes, los cabecillas estarían convocando a líderes comunales y habitantes mediante “mecanismos de constreñimiento psicológico”, buscando utilizar a las comunidades para apoyar actividades ilegales, entre ellas el cobro de extorsiones y multas a campesinos.
La información indica además que algunos presidentes de juntas de acción comunal estarían siendo utilizados como canales para coordinar reuniones y ejercer control sobre la población. El documento señala que las estructuras continúan realizando encuentros de presión en las veredas “con el fin de obtener colaboración y mantener su capacidad de control social en el territorio”.
Interés en baldíos y corredores estratégicos
Fuentes militares y reportes de inteligencia sostienen que detrás de estas maniobras también existiría un interés por consolidar presencia sobre terrenos baldíos y corredores estratégicos del suroriente del país. Las sabanas del Yarí y sectores rurales de Caquetá y Meta se han convertido en puntos clave para las disidencias por su ubicación, conectividad y potencial para economías ilegales asociadas a narcotráfico, extorsiones y apropiación de tierras.
En otro de los documentos conocidos por EL TIEMPO, una de las fuentes asegura que en determinados sectores “no deja que lleguen ahí a hacer patrullaje”, en referencia a las restricciones impuestas al ingreso de tropas militares.
Escuela utilizada como fachada
Otra de las alertas quedó registrada en enero de 2026 en el caserío Nueva Esperanza, en las sabanas del Yarí. Allí, un centro educativo inaugurado en 2024 y atribuido a una iniciativa impulsada por alias Calarcá estaría siendo utilizado, según denuncias conocidas por las tropas, como “fachada para citar a la población a reuniones mediante el constreñimiento armado” e incluso para encuentros internos de la organización.
