La Corte Constitucional emitió una alerta sobre la grave situación de seguridad en La Guajira, donde la presencia de grupos armados ilegales está obstaculizando las labores de control y verificación de las órdenes judiciales destinadas a proteger a los niños y niñas de la comunidad Wayuu, quienes enfrentan desnutrición, falta de agua y ausencia estatal.
Orden de acompañamiento militar y policial
En un auto firmado por el magistrado Carlos Camargo Assis, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 ordenó a la Policía Nacional y al Ejército Nacional brindar acompañamiento y protección a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Contraloría durante sus desplazamientos por zonas rurales dispersas de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.
La decisión judicial advierte que una actuación oportuna, diligente y coordinada de la Fuerza Pública es indispensable para el cumplimiento de las órdenes impartidas y para avanzar en la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en relación con los derechos fundamentales a la alimentación, la salud, el agua potable y la participación de los niños y niñas Wayuu.
Deterioro del orden público
La medida se tomó luego de que la Defensoría del Pueblo alertara sobre un deterioro del orden público que ha dificultado e incluso impedido las labores de verificación territorial ordenadas por la Corte para supervisar proyectos de agua y medidas de atención a las comunidades Wayuu.
En el expediente, la Defensoría señaló la presencia y actuación violenta del Eln, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (conocidas como "Pachencas"), el 'clan del Golfo', además de estructuras de delincuencia común.
Robos y retenciones a funcionarios
La situación incluye hechos concretos de violencia. En febrero de 2025, un vehículo institucional fue hurtado en el casco urbano de Uribia; el conductor fue retenido durante varias horas y abandonado cerca del Cerro de la Teta. En diciembre del mismo año, se registró otro robo de un automotor oficial en zona rural de Maicao.
A raíz de estos episodios, la Defensoría concluyó que no es posible realizar visitas a determinados puntos del territorio sin acompañamiento de la Fuerza Pública.
Dilaciones en la respuesta institucional
La Defensoría explicó que el 28 de enero de 2026 solicitó apoyo a la Policía y al Ejército para garantizar la seguridad de sus funcionarios, pero inicialmente no obtuvo respuesta. Tras reiterar la petición el 11 de febrero, las autoridades respondieron dos días después proponiendo reuniones de coordinación logística, lo que generó retrasos.
Además, mientras la Policía alertó sobre la posible presencia de grupos armados ilegales en las zonas a visitar, el Ejército indicó que las solicitudes debían tramitarse directamente ante el Comando General, lo que terminó retrasando el acompañamiento requerido.
Múltiples informes de inseguridad
La Sala Especial de Seguimiento aseguró que las advertencias sobre seguridad no son hechos aislados. Durante el seguimiento a la sentencia T-302 de 2017, la Corte ha recibido múltiples informes que coinciden en alertar sobre el deterioro del orden público en La Guajira.
La Procuraduría y la Contraloría informaron dificultades para verificar proyectos de acceso al agua potable debido a condiciones de inseguridad. La Registraduría Nacional advirtió que varias jornadas institucionales en territorios indígenas requieren acompañamiento armado por los altos niveles de inseguridad y la débil presencia estatal.
La Veeduría Ciudadana para la Sentencia T-302 documentó la existencia de grupos armados irregulares vinculados a economías ilícitas que ejercen control territorial mediante "peajes", recurriendo incluso a la instrumentalización de menores Wayuu.
Control territorial sistemático
Para la Sala, toda esta información evidencia una dinámica sistemática de control territorial que obliga al Estado a reforzar las medidas para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales y la protección de quienes realizan labores relacionadas con la atención de la desnutrición infantil en el departamento.
La decisión ordena a la Policía y al Ejército priorizar el acompañamiento a funcionarios en zonas rurales y sectores urbanos considerados inseguros. Además, la Corte exigió a la Defensoría informar posteriormente si el apoyo permitió realizar las visitas pendientes para verificar las soluciones hídricas reportadas por el Gobierno Nacional en La Guajira.
