Colombia continúa enfrentando una grave crisis humanitaria derivada del conflicto armado y la violencia territorial. Según cifras reveladas por el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC), durante 2024 se registraron más de 394.000 personas desplazadas en el país, siendo Norte de Santander el departamento con mayor número de casos reportados.
Así lo confirmó Ursulina Ossa, coordinadora de Datos para Latinoamérica del IDMC, en entrevista con Néstor Morales, donde advirtió que el fenómeno del desplazamiento interno mantiene una tendencia preocupante, especialmente en zonas donde persisten enfrentamientos entre grupos armados ilegales, disputas por corredores estratégicos y economías ilícitas.
“Colombia sigue siendo uno de los países con mayores cifras de desplazamiento interno en el mundo. Lo que estamos viendo es una persistencia de las dinámicas de violencia que afectan principalmente a comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes”, señaló Ossa.
Las cifras evidencian que Norte de Santander, una región históricamente golpeada por la presencia de grupos armados y su condición fronteriza con Venezuela, concentra una parte significativa de esta crisis humanitaria.
Norte de Santander, epicentro de la crisis humanitaria
De acuerdo con la experta del IDMC, el departamento fronterizo encabeza el listado nacional debido a múltiples factores relacionados con el recrudecimiento del conflicto armado en municipios estratégicos como Tibú, El Tarra, Convención y otras zonas del Catatumbo.
“En Norte de Santander confluyen diferentes actores armados y eso genera confinamientos, amenazas y desplazamientos masivos de comunidades enteras”, explicó Ursulina Ossa durante la entrevista.
La situación en el Catatumbo ha sido reiteradamente denunciada por organizaciones sociales y organismos internacionales. Los enfrentamientos entre el ELN, disidencias de las FARC y otros grupos ilegales han incrementado los riesgos para la población civil, obligando a cientos de familias a abandonar sus hogares.
Además, las comunidades enfrentan dificultades de acceso a alimentos, salud y educación, mientras las autoridades locales intentan responder a la emergencia con recursos limitados.
Comunidades vulnerables son las más afectadas
Uno de los aspectos que más preocupa al IDMC es el impacto desproporcionado que el desplazamiento tiene sobre comunidades históricamente vulnerables.
“Las poblaciones indígenas y afrodescendientes suelen ser las más afectadas porque habitan territorios estratégicos para los grupos armados y tienen menos capacidad de respuesta institucional”, indicó Ossa.
La coordinadora de Datos para Latinoamérica también destacó que muchas familias desplazadas enfrentan múltiples episodios de movilidad forzada, lo que agrava las condiciones de pobreza y exclusión. En varias regiones del país, las personas desplazadas llegan a centros urbanos sin garantías de vivienda, empleo o acceso adecuado a servicios básicos. Esto genera nuevas problemáticas sociales y humanitarias que terminan afectando tanto a las comunidades receptoras como a quienes huyen de la violencia.
Colombia sigue liderando cifras de desplazamiento interno
El informe del IDMC ubica nuevamente a Colombia entre los países con mayores niveles de desplazamiento interno en el mundo, una problemática que persiste pese a los acuerdos de paz y los esfuerzos gubernamentales para contener la violencia.
“Aunque hay avances institucionales y marcos legales sólidos en comparación con otros países, la realidad en los territorios sigue siendo muy compleja”, afirmó la experta.
La persistencia de economías ilegales asociadas al narcotráfico, la minería ilegal y el control territorial continúa alimentando los ciclos de violencia en varias regiones del país. Departamentos como Chocó, Cauca, Nariño y Antioquia también registran altos índices de desplazamiento y confinamiento, especialmente en zonas rurales donde la presencia estatal sigue siendo limitada.
Llamado a fortalecer la respuesta institucional
Durante la entrevista, Ursulina Ossa insistió en la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, atención y protección para las comunidades en riesgo.
“La respuesta no puede limitarse únicamente a la atención de la emergencia. Es fundamental trabajar en prevención y en soluciones duraderas para las personas desplazadas”, sostuvo.
La representante del IDMC señaló que uno de los principales retos para Colombia es garantizar condiciones de seguridad que permitan el retorno voluntario de las comunidades a sus territorios. Asimismo, destacó la importancia de mejorar los sistemas de recolección de datos y monitoreo para dimensionar correctamente la magnitud del fenómeno y diseñar políticas públicas más efectivas.
