Una explotación aurífera vinculada con el Clan del Golfo, uno de los grupos criminales más poderosos del país, habría funcionado durante meses no solo al lado, sino dentro de los terrenos de una instalación del Ejército en Antioquia. La revelación, que ha generado fuertes cuestionamientos sobre posibles omisiones o incluso tolerancia institucional, fue publicada por el periodista Federico Ríos en un extenso reportaje para The New York Times.
Detalles de la operación ilegal
La investigación expuso cómo mineros ilegales, financiados por la estructura criminal del Clan del Golfo, habrían extraído oro en una zona boscosa perteneciente al Batallón Rifles 31, en Caucasia, Antioquia, una unidad militar encargada precisamente de combatir a ese grupo armado en la región. La mina, conocida como La Mandinga, era una operación controlada por el Clan del Golfo, que cobra cuotas a los trabajadores por el derecho a explotar el terreno y usa ese dinero para financiar armas, control territorial y redes criminales.
Durante una de sus visitas al lugar, un minero le aseguró a Ríos que la actividad extractiva no se limitaba al área contigua, sino que ya se había extendido hacia predios militares. “Si quiere vuele el dron y mire”, le dijo el trabajador, de acuerdo con el relato publicado por The New York Times.
Evidencia aérea y reacción militar
Las imágenes aéreas obtenidas por el periodista mostraron maquinaria, mangueras de alta presión y zonas devastadas por la extracción en un punto que coincidía con terrenos del Batallón Rifles 31. La evidencia sugería que no existía una separación física clara entre la mina ilegal y la base. Inicialmente, el coronel Daniel Echeverry, comandante de la unidad, negó que hubiera minería dentro de la instalación. Posteriormente, tras recorrer la base militar, confirmó la veracidad de la denuncia. “Esto es en terrenos de la base”, le dijo el coronel a Ríos, tras observar tierra removida, motores encendidos y mineros trabajando a plena luz del día.
En ese momento, militares desalojaron a los trabajadores y les advirtieron que estaban en propiedad del Ministerio de Defensa. El episodio terminó en medio de tensión, con trabajadores defendiendo la operación ilegal como si se tratara de un territorio propio, pese a estar dentro de una guarnición militar.
Implicaciones de la denuncia
La denuncia pone sobre la mesa dos hipótesis. La primera, que existió una falla severa de control por parte del Ejército, y la segunda, que pudo haber algún nivel de permisividad frente a una economía ilícita manejada por el Clan del Golfo. La Mandinga operaba con generadores diésel, mangueras industriales y decenas de trabajadores, un movimiento difícil de pasar por alto para una unidad con cerca de 800 hombres desplegados en la zona. Además, el reportaje de The New York Times conecta este oro ilegal con una cadena internacional de comercialización que terminaría incluso en compradores de Estados Unidos.
Respuesta del Gobierno
Luego de la publicación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que ordenó una verificación inmediata sobre lo ocurrido en Caucasia y advirtió que no habrá contemplaciones si se comprueba connivencia o negligencia. “No toleraremos ninguna relación entre miembros del sector defensa y economías criminales”, escribió el funcionario en su cuenta de X. Sánchez agregó que habrá una investigación para determinar si hubo omisión institucional, irregularidades en la custodia del terreno militar o posibles vínculos con la minería ilegal.
