El deterioro del orden público en el suroccidente colombiano sigue en aumento. Un total de 620 ataques de grupos armados ilegales se han registrado en Cauca y Valle del Cauca desde enero de 2022, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
La alerta se da luego de una ola reciente de violencia: 34 atentados en apenas cinco días, entre el 24 y el 28 de abril de 2026, que dejaron 20 personas muertas y 65 heridas en 22 municipios de la región.
Escalada sostenida desde 2018
De acuerdo con la FIP, estos hechos no son aislados, sino que hacen parte de un proceso acumulado desde la consolidación de las disidencias de las FARC en 2018. Solo en 2025, se registraron 175 ataques en Cauca y 57 en Valle del Cauca, la cifra más alta en los últimos 15 años. En el caso caucano, esto representó un incremento del 52 % frente a 2024.
El informe señala como principal responsable al Bloque Occidental del Estado Mayor Central (EMC), una de las principales disidencias de las FARC. Esta estructura es comandada por Iván Idrobo, quien asumió el control en 2022 tras la muerte de alias Mayimbú. Según el centro de estudios, el EMC cuenta con 2.651 integrantes distribuidos en 11 frentes, entre ellos las estructuras Dagoberto Ramos, Carlos Patiño y Jaime Martínez. Estas agrupaciones han sido identificadas por su uso intensivo de drones para ataques desde 2024.
Disputa por corredores estratégicos
La violencia en la región responde, en gran medida, a la disputa por el control de corredores estratégicos que conectan el centro del país con el océano Pacífico. Estas rutas son clave para actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. La FIP advierte que los ataques también buscan desviar la atención de la Fuerza Pública hacia puntos visibles, mientras se consolidan operaciones en zonas menos vigiladas. Esta estrategia funciona como una "cortina operativa" para asegurar el flujo de cargamentos ilegales.
El documento también resalta que la fragmentación interna del EMC en 2024, tras el asesinato de la lideresa indígena Carmelina Yule, intensificó las disputas territoriales. Esto derivó en un "mosaico de violencias", con zonas bajo control consolidado y otras en expansión militar.
Llamado a una estrategia integral
Frente a este panorama, la Fundación Ideas para la Paz señaló que los enfoques tradicionales de seguridad presentan vacíos estructurales y pidió una estrategia más integral para recuperar el control territorial y proteger a la población civil. El informe también plantea cuestionamientos a la política de "paz total", al considerar que decisiones como ceses al fuego sin verificación habrían otorgado ventajas tácticas a los grupos armados. Sin embargo, la organización subraya que el país no debe caer en una lógica de "paz o guerra", sino avanzar en negociaciones con líneas claras, combinadas con una estrategia de seguridad efectiva.
