La divulgación de unos audios atribuidos a alias Rogelio Benavides, jefe de una estructura de las disidencias de ‘Calarcá’ en Guaviare, ha vuelto a poner en el centro del debate electoral la presión de grupos armados ilegales sobre las comunidades y su eventual incidencia en la campaña presidencial de Iván Cepeda. Las grabaciones, conocidas por organismos de inteligencia y reveladas por El Tiempo, contienen amenazas contra campesinos, referencias directas al candidato del Pacto Histórico y advertencias sobre control territorial en varias veredas del departamento.
Contenido de los audios
En uno de los fragmentos más delicados, el hombre afirma: “Ojalá gane el compañero Cepeda (…) ahí sí los vamos a apretar otros cuatro años nosotros”. La frase aparece en medio de mensajes dirigidos a líderes comunales y habitantes rurales del Guaviare, donde también se habla de reuniones obligatorias, carnetización de pobladores y cobros económicos impuestos a las comunidades. Las autoridades analizan el alcance político y criminal de esas afirmaciones, mientras crece la preocupación por el uso de intimidaciones en zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado.
Presión electoral en Guaviare
Las grabaciones comenzaron a circular entre presidentes de juntas de acción comunal y habitantes de zonas rurales. En ellos, alias Rogelio Benavides insiste en que las órdenes de la estructura armada deben cumplirse incluso sin presencia visible de hombres armados en las veredas. “Acá se les está hablando en la vía pacífica (…) no busquen que yo vaya y les levante el rancho a punta de plomo”, se escucha en uno de los audios.
En otros apartes, el jefe disidente asegura tener capacidad para verificar quién obedece las instrucciones y quién no. “Yo llamo y pido información o voy y visito (…) los saco y no les dejo sacar nada”, advierte. Las referencias hechas por el integrante armado muestran cómo las disidencias estarían fortaleciendo mecanismos de control comunitario en zonas de Meta, Caquetá y Guaviare, regiones donde las autoridades han advertido un incremento del dominio territorial de estas estructuras ilegales.
Los audios también describen supuestos “manuales de convivencia” y procesos de afiliación obligatoria para habitantes de distintas veredas. “La reunión que se está convocando es individual. Cada vereda la convoca, habla del manual de convivencia, saca la lista de las personas que se van a carnetizar y las que no”, afirma el hombre. Estos mensajes evidencian estrategias de control social que combinan presión armada, amenazas económicas y posibles desplazamientos forzados.
Amenazas, multas y control territorial
Uno de los puntos que más inquieta a las autoridades es la imposición de cobros a campesinos bajo el argumento de financiar procesos comunitarios. Aunque el hombre afirma que “no viene a extorsionar a nadie”, en el mismo mensaje fija sanciones económicas para quienes no paguen o no tengan el carné exigido por la organización. “El que no tenga el carnet paga $150.000 o $200.000, o si no se va del territorio”, señala en la grabación.
El material también incluye amenazas directas contra presidentes de junta y líderes comunales. “Los voy a apretar y como debe ser, con multas bien altas. Así me les toque vender las gallinas (…) para pagarme la multa”, se escucha en uno de los audios. En otro fragmento, el hombre menciona incluso la posibilidad de cometer homicidios para sembrar miedo entre las comunidades rurales del Guaviare.
“¿Qué le cuesta mandar un peladito para allá para que les pegue un susto? Porque a nadie se asusta, se mata (…) para que dejen y cojan susto los demás”, afirma. Por ahora, los investigadores revisan posibles vínculos entre estas amenazas y las dinámicas electorales en territorios donde históricamente han operado grupos armados ilegales.
Respuesta de Iván Cepeda y debate político
Tras conocerse las grabaciones, Iván Cepeda reiteró que ha denunciado públicamente la presión de grupos armados sobre comunidades en distintas regiones del país. El senador aseguró que existen informes de organizaciones sociales y de la Defensoría del Pueblo sobre riesgos electorales y rechazó cualquier interpretación según la cual su campaña tenga respaldo de estructuras ilegales.
“Hay personas y comunidades que sí están en esa situación de riesgo (…) pero de ahí a extrapolar la situación y decir que en Colombia se va a votar o que quien gane las elecciones lo va a hacer por obra de que tal o cual grupo presiona a su electorado es un despropósito”, afirmó el candidato. Sus declaraciones se dieron luego de que sectores políticos, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe Vélez, alertaran sobre presuntos constreñimientos electorales en varias regiones.
La controversia surge además en medio de un contexto de creciente violencia en Guaviare y otras zonas del sur del país, donde las disidencias de ‘Calarcá’ y de alias Iván Mordisco mantienen disputas armadas y control territorial. De hecho, en los últimos meses, las autoridades han reportado ataques contra la Fuerza Pública, amenazas a comunidades y expansión de estructuras criminales en corredores estratégicos para economías ilegales y movilidad armada.
