Procuraduría no prorroga suspensión de general y jefe de inteligencia investigados por nexos con disidencias
La Procuraduría General de la Nación resolvió no prorrogar la sanción disciplinaria en contra del general Juan Miguel Huertas y de Wilmar Mejía, jefe de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Ambos funcionarios habían sido suspendidos por el órgano de control durante tres meses, pero en una decisión tomada el 27 de febrero, la entidad señaló que, aunque la investigación en su contra debe continuar, no se extenderá la suspensión.
Investigación por presuntas filtraciones a disidencias
El caso se remonta a un informe revelado por Noticias Caracol el 23 de noviembre de 2025, en el que se mencionaban posibles nexos de estos funcionarios con las disidencias de las Farc al mando de alias "Calarcá". Según el reporte, se investigaban presuntas filtraciones de información sensible que podrían haber beneficiado a este grupo armado ilegal.
La Procuraduría, en su resolución, enfatizó que la investigación disciplinaria sigue su curso y que se mantendrán todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. Sin embargo, consideró que no existen elementos suficientes en este momento para justificar la extensión de la medida cautelar de suspensión.
Contexto de seguridad nacional
Este caso se enmarca en un momento delicado para la seguridad nacional colombiana, donde las disidencias de las Farc, como las comandadas por alias "Calarcá", representan una amenaza constante. La posible infiltración en organismos de inteligencia y fuerzas militares es una preocupación prioritaria para las autoridades.
La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Ejército Nacional son instituciones clave en la lucha contra el crimen organizado y los grupos armados ilegales. Cualquier sospecha de vínculos con estos grupos despierta alertas inmediatas en los órganos de control.
Reacciones y próximos pasos
La decisión de la Procuraduría ha generado diversas reacciones en el ámbito político y de seguridad. Algunos sectores consideran que es una medida prudente que respeta el debido proceso, mientras que otros expresan preocupación por el mensaje que podría enviar en medio de investigaciones tan sensibles.
Los funcionarios involucrados, por su parte, mantienen su derecho a la presunción de inocencia mientras avanza la investigación. La Procuraduría ha asegurado que el caso recibirá seguimiento prioritario y que se tomarán las decisiones correspondientes una vez se complete el proceso investigativo.
Este desarrollo ocurre en un contexto donde recientemente se han conocido otras decisiones judiciales relacionadas con seguridad, como la condena a 37 años de prisión a "Iván Márquez" por el asesinato de militares en Antioquia, y advertencias del Ministerio de Defensa sobre posibles ataques del ELN durante períodos electorales.
