Ejército admite 2.500 mineros ilegales en predios de base militar en Antioquia
Ejército admite 2.500 mineros ilegales en base militar en Antioquia

El Ejército Nacional de Colombia reconoció la presencia de entre 2.000 y 2.500 mineros ilegales en terrenos colindantes al Batallón de Infantería No. 31 Rifles, ubicado en Caucasia, Antioquia. Esta actividad ilícita estaría generando beneficios económicos para el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.

Pronunciamiento oficial tras reportaje internacional

El pronunciamiento del Ejército se produjo luego de que el diario estadounidense The New York Times publicara un reportaje del fotoperiodista Federico Ríos, en el cual se denunciaba la explotación de una mina ilegal en predios cercanos a la base militar. En el comunicado, la institución explicó que en los límites del cantón militar se encuentra la finca La Mandinga, un predio de aproximadamente 2.000 hectáreas que está bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), tras un proceso de extinción de dominio.

Detalles de la ocupación ilegal

Según el Ejército, miles de mineros informales han ocupado la zona para adelantar explotación ilícita de yacimientos sin títulos legales. En su mensaje aceptan que "entre 2.000 y 2.500 mineros informales" han ocupado los terrenos colindantes a la base militar para "adelantar explotación ilícita de yacimientos mineros sin ningún título ni amparo legal, causando un deterioro ambiental severo e irreversible en la región".

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Operativos desde 2022

El Ejército aseguró que desde 2022 ha presentado denuncias ante la Fiscalía y la Procuraduría por los daños causados por la minería ilegal en ese sector. Además, indicó que se han realizado más de 20 intervenciones directas en la zona, con destrucción de maquinaria y equipos utilizados en estas labores. Sin embargo, afirmó que los operativos han generado reacciones violentas, incluidos bloqueos sobre la vía Troncal.

Investigación tras escándalo internacional

Luego de la polémica generada por la publicación del diario estadounidense, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una investigación sobre lo ocurrido. El funcionario solicitó una investigación sobre la explotación ilegal de la mina de oro dentro de la base militar al argumentar "cero tolerancia con la minería ilegal y los delitos ambientales". El ministro señaló que no se tolerará "ninguna relación entre los miembros del sector defensa y las economías criminales", ni se admitirán "omisiones" en el cumplimiento del deber institucional de combatir la minería ilegal.

Presunta financiación del Clan del Golfo

De acuerdo con el reportaje, La Mandinga no sería una mina aislada, sino una fuente de financiación para el Clan del Golfo. Según esa versión, los trabajadores deberían pagar una cuota a la organización criminal para poder explotar el yacimiento. Este flujo de recursos permite la compra de armas y el sostenimiento de su control territorial. Además, genera gran preocupación para los Estados Unidos, ya que parte de ese oro ilegal habría ingresado a cadenas de suministro que terminan en ese país, incluso llegando a la Casa de la Moneda, pese a las restricciones legales que exigen que solo se adquiera oro extraído dentro de ese país.

Revelaciones del reportaje de The New York Times

La denuncia de este caso se conoció por un reportaje del fotoperiodista Federico Ríos publicado por el diario The New York Times. Según la publicación, la mina La Mandinga, operada por el Clan del Golfo, se extiende dentro del Batallón Militar Rifles, en el departamento de Antioquia. Imágenes aéreas muestran que la explotación de oro llega "hasta unos 137 metros de la piscina privada y las dependencias de la base". El reportaje agrega que, tras compartir las imágenes con los militares y solicitar comentarios, el comandante de la base, el coronel Daniel Echeverry, negó que se estuviera extrayendo oro en su base, pero cuando vio las pruebas dijo estar sorprendido "y prometió tomar medidas enérgicas".

Entre tanto, el Ejército informó que la Décima Primera Brigada interpondrá nuevas acciones penales contra quienes sean encontrados desarrollando actividades ilegales en el área limítrofe de la unidad militar.

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