Tío del gobernador del Cauca y dos trabajadores con pronóstico reservado tras caer en campo minado
La crisis de seguridad en el departamento del Cauca se ha intensificado dramáticamente este jueves 12 de marzo, cuando tres personas resultaron gravemente heridas por la explosión de una mina antipersonal en el municipio de La Vega. El incidente adquiere especial relevancia política y social debido a que una de las víctimas fue identificada como Jesús Enrique Guzmán, tío del actual gobernador del departamento, Octavio Guzmán.
Inspección de acueducto termina en tragedia
El hecho ocurrió en el corregimiento de Los Uvos, una zona estratégica del macizo colombiano, mientras las tres personas realizaban una verificación técnica de un acueducto veredal. Lo que debía ser una jornada de trabajo comunitario para mejorar el suministro de agua potable para las comunidades de El Palmar y Los Uvos, terminó en tragedia debido a la presencia de artefactos explosivos sembrados indiscriminadamente en el terreno.
Jesús Enrique Guzmán, quien se desempeña como inspector de Policía en la zona, fue trasladado de urgencia a la ciudad de Popayán, donde según reportes médicos su pronóstico se mantiene reservado. Las otras dos víctimas, trabajadores que acompañaban la inspección, también reciben atención médica especializada tras sufrir el impacto directo de la detonación.
Disputa territorial entre grupos armados
Carlos Vidal, personero de La Vega, explicó que el municipio enfrenta una compleja situación de orden público que se ha venido agravando en los últimos meses. La zona es considerada un corredor histórico en disputa entre la subestructura Manuel Vásquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una nueva facción de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
"La Personería ya había advertido a la Fuerza Pública sobre la presencia de minas antipersonal en este sector", manifestó Vidal a medios nacionales. Según el funcionario, esta táctica es utilizada sistemáticamente por los grupos armados para restringir el acceso a tierras agrícolas y fuentes hídricas, generando un control territorial mediante el terror.
Reacción del gobernador y contexto departamental
El gobernador Octavio Guzmán, a través de sus canales oficiales, expresó su profundo dolor por lo ocurrido en su municipio de origen. "Nuestra familia ha padecido directamente este flagelo desde nuestras raíces campesinas", manifestó el mandatario, quien aclaró que la situación de su familiar se está atendiendo bajo estricta privacidad médica.
El mandatario aseguró que la administración departamental no bajará el ritmo en la lucha contra la criminalidad, activando rutas humanitarias en coordinación con la Unidad de Víctimas y la Alcaldía local para proteger a la población civil de estos ataques indiscriminados.
Este atentado se suma a una preocupante racha violenta en el departamento, donde apenas hace 48 horas se registró la muerte del soldado profesional Ferney Ramos Villalba en el municipio de Patía, tras la detonación de otro artefacto explosivo similar.
Estadísticas alarmantes y panorama nacional
De acuerdo con datos actualizados de la Defensoría del Pueblo, el Cauca sigue siendo una de las regiones más afectadas por las minas antipersonal en todo el territorio colombiano. Desde 1990, más de 12.000 personas en todo el país han sido víctimas de estos elementos letales, sufriendo mutilaciones permanentes o perdiendo la vida en el ejercicio de sus labores cotidianas.
La situación en el macizo colombiano se ha tornado especialmente crítica en los últimos años, con combates recurrentes entre la Fuerza Pública y grupos armados que generan temor constante en municipios como Guapi y Timbiquí. La disputa por corredores estratégicos y rutas de narcotráfico ha convertido a estas zonas en escenarios de confrontación permanente.
Las autoridades locales y nacionales enfrentan el desafío de desactivar estos campos minados mientras protegen a las comunidades rurales que dependen del acceso a sus tierras para subsistir. La tragedia ocurrida en La Vega evidencia una vez más la urgencia de implementar estrategias integrales de seguridad y desarrollo rural en estas regiones históricamente afectadas por el conflicto armado.
