Lluvias devastadoras en Colombia: una crisis climática que exige respuestas estructurales
Las imágenes que llegan desde Montecristo, en el sur de Bolívar, son estremecedoras y reveladoras. Más del 90% del casco urbano de este municipio se encuentra bajo el agua, con miles de personas damnificadas y una infraestructura colapsada. Esta tragedia, sin embargo, ya no puede considerarse una situación excepcional.
Una nueva realidad climática
Lo ocurrido en Bolívar se repite con variaciones en Córdoba, Chocó, Antioquia y Nariño, por mencionar solo las situaciones más urgentes. Los eventos climáticos extremos se están presentando con una frecuencia e intensidad sin precedentes en la historia reciente del país.
Lluvias en temporadas usualmente secas, crecientes súbitas, suelos saturados y desbordamientos simultáneos forman parte del nuevo patrón climático que enfrenta Colombia. Insistir en tratarlos como episodios aislados conduce inevitablemente a respuestas improvisadas y tardías por parte del Estado.
El encuentro peligroso: crisis climática y Estado débil
El problema se agrava exponencialmente cuando la crisis climática se encuentra con un Estado que muestra debilidades estructurales, ineficiencias o, en el peor de los casos, corrupción. Esta peligrosa combinación no solo multiplica el daño material y humano, sino que erosiona la confianza ciudadana y diluye la capacidad de respuesta institucional.
Las entidades responsables de prevenir, mitigar y atender desastres naturales requieren un fortalecimiento urgente. Este proceso debe comenzar por liberarlas de prácticas que han minado su credibilidad y eficacia a lo largo de los años.
Inversiones necesarias y decisiones técnicas
Colombia necesita con urgencia invertir en:
- Ordenamiento territorial adecuado
- Sistemas de alerta temprana eficaces
- Infraestructura resiliente ante fenómenos climáticos
- Soluciones que reduzcan la vulnerabilidad de las comunidades más expuestas
Esta tarea no admite atajos ni discursos voluntaristas. Requiere decisiones técnicas fundamentadas, planeación a largo plazo y continuidad institucional, incluso en medio de la presión política propia de un año electoral como el actual.
Emergencias y controles necesarios
En este contexto, los anuncios sobre una nueva declaratoria de emergencia económica –motivada por el drama humanitario que vive buena parte del país– tendrían mayor justificación. Sin embargo, toda medida de emergencia debe evitar convertirse en una puerta abierta para:
- Revivir impuestos que no sean estrictamente necesarios
- Relajar los controles sobre el uso de los recursos públicos
La sensibilidad del momento obliga a extremar la vigilancia para evitar que los dineros destinados a la atención de la emergencia terminen en caminos inadecuados.
Fortalecimiento institucional como prioridad
Se requiere una Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) fortalecida y robusta, acompañada –cuando las circunstancias realmente lo ameriten– del uso de mecanismos extraordinarios que el Estado tiene a su disposición para atender situaciones de esta magnitud.
Mientras tanto, la prioridad inmediata sigue siendo ayudar de la mejor manera posible a los miles de damnificados en todo el territorio nacional, quienes hoy enfrentan las consecuencias más duras de esta crisis climática que ya no podemos seguir considerando como excepcional.
