Colombia enfrenta emergencia invernal con recursos preventivos en mínimos históricos
Las intensas lluvias que azotan a Colombia han dejado al menos 68.000 personas damnificadas, con el departamento de Córdoba como el más afectado al concentrar cerca de 27.000 casos. Esta situación ha reabierto el debate sobre la distancia entre la magnitud de las emergencias y los recursos que el país destina para prevenirlas, revelando una tendencia preocupante de disminución presupuestal.
Impacto territorial de las precipitaciones
Un enero atípico y los primeros días de febrero han obligado a miles de familias a abandonar sus hogares, refugiarse en albergues improvisados y enfrentar pérdidas materiales severas. Además de Córdoba, los departamentos de Sucre, Nariño, La Guajira, Cundinamarca, Tolima, Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca han reportado daños significativos en:
- Viviendas afectadas o destruidas
- Cultivos y ganadería comprometidos
- Infraestructura vial deteriorada
- Servicios públicos interrumpidos
La magnitud del impacto llevó a la Defensoría del Pueblo a recordar a autoridades locales su obligación constitucional de adoptar medidas preventivas y de mitigación, exigiendo la activación de las Estrategias de Respuesta a Emergencias con prioridad para grupos vulnerables.
Caída dramática en recursos preventivos
Detrás de la urgencia humanitaria emerge un elemento que agrava cada episodio invernal: la falta de recursos destinados a evitar que estas crisis sucedan. Datos exclusivos muestran que, mientras el Presupuesto General de la Nación creció de $250 billones en 2019 a más de $541 billones proyectados para 2026, los recursos de gestión del riesgo muestran trayectoria opuesta.
Tras alcanzar un pico entre 2021 y 2022 con apropiaciones entre $4 y $6 billones, el presupuesto comenzó a contraerse abruptamente:
- 2023: Inversión cayó a $54.000 millones
- 2024: Se redujo a $24.900 millones
- 2025: Bajó a $16.900 millones
- 2026: Proyección de apenas $10.000 millones
Esta cifra representa menos del 2% de lo destinado en el período máximo y resulta marginal frente a la magnitud de los riesgos climáticos que enfrenta el país.
Patrón de ejecución reactiva
La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) recibió $6,1 billones en 2021, pero para 2026 se proyecta ejecutar apenas $689.000 millones, el monto más bajo en siete años. Más preocupante aún es la distribución de estos recursos: mientras en 2019 más del 20% se destinó a prevención, este año dicho porcentaje se redujo al 1,4%.
La ejecución refleja una lógica reactiva más que preventiva. En 2025, del billón de pesos apropiado, apenas $45.000 millones (4,4%) terminaron en ejecución efectiva mediante pagos. En contraste, en 2021 se usaron realmente $3 billones de los $6,1 billones asignados, alcanzando casi el 50% de ejecución.
Contexto político y emergencia declarada
Este patrón cobra especial relevancia cuando el presidente Gustavo Petro anunció su intención de declarar emergencia económica, social y ecológica para atender los efectos de la crisis climática. El mandatario elevó una solicitud a la Corte Constitucional argumentando que la situación actual constituye un hecho imprevisible que requiere acciones urgentes.
"Hay 14 muertos, nueve mil viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas, 35.000 hectáreas inundadas, 300.000 personas afectadas", escribió el presidente en redes sociales, recordando advertencias de la FAO sobre el riesgo de hambre en Córdoba y Sucre.
Consecuencias fiscales y humanas
El análisis de las cifras presupuestales deja claro que, si bien el invierno puede variar en intensidad, no es un fenómeno desconocido. Los riesgos han sido ampliamente documentados, por lo que la reducción de recursos plantea interrogantes sobre si responde a una emergencia genuina o a una estrategia fiscal que ha relegado la mitigación del riesgo.
En términos fiscales, la consecuencia de esta subinversión es clara: cada peso no invertido en prevención termina amplificando el costo humano, económico y político de la emergencia. La atención reactiva demanda mayores recursos en menor tiempo, presiona las finanzas públicas y reabre el debate sobre la creación de impuestos o el uso de estados de excepción.
La discusión trasciende la coyuntura climática y plantea una pregunta fundamental: ¿continuará Colombia respondiendo a desastres previsibles con herramientas extraordinarias o avanzará hacia una política de gestión del riesgo que priorice la prevención como componente central de la planeación fiscal? Por ahora, mientras las lluvias siguen creciendo, los recursos para evitar tragedias siguen menguando.
