La nueva escalada de violencia en el suroccidente de Colombia, que ha dejado un saldo de 20 fallecidos y más de 45 heridos, ha puesto en evidencia la crítica situación de orden público en el país y ha generado cuestionamientos sobre la política de 'paz total'. Según analistas, esta estrategia fue aprovechada por 'Iván Mordisco', señalado como el principal responsable de los ataques, para expandir su control en la región.
31 acciones terroristas en 48 horas
En menos de dos días se registraron al menos 31 acciones terroristas en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Estos hechos incluyeron ataques simultáneos, uso de explosivos en corredores viales y acciones armadas que obligaron al desplazamiento del ministro de Defensa y de la cúpula militar. El atentado en Cajibío, sobre la vía Panamericana, es considerado el peor contra civiles desde la explosión en el club El Nogal en 2003.
Reacciones internacionales
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaron enérgicamente los hechos. Exigieron a los grupos armados ilegales cesar las afectaciones contra la población civil y respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Asimismo, instaron a las autoridades a reforzar la presencia institucional y a investigar para llevar ante la justicia a los responsables.
Delitos cometidos según la Fuerza Pública
La Fuerza Pública calificó estos actos como crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo homicidios en persona protegida, lesiones en persona protegida, terrorismo, zozobra y utilización de medios y métodos de guerra ilícitos. Estas acciones constituyen graves infracciones al DIH.
El ministro de Defensa defendió la labor de inteligencia, señalando que el terrorismo es una amenaza silenciosa que se camufla entre la población civil, y destacó la importancia de la información comunitaria. Sin embargo, reconoció que hubo personas que identificaron señales de amenaza pero no las reportaron.
La comunidad internacional mantiene su atención sobre la escalada de violencia en Colombia, que sigue afectando a la ciudadanía y pone en entredicho la efectividad de las políticas de seguridad.
