En la última semana, el suroccidente colombiano se ha convertido en una bomba de tiempo debido a la escalada terrorista que disidentes de las Farc reactivaron desde el pasado 24 de abril. Los ataques comenzaron contra dos batallones en Cali y Palmira, Valle, y luego se trasladaron contra la población civil en la vía Panamericana, en Cajibío, donde se produjo una de las mayores masacres del país con 21 civiles asesinados.
Ataques contra la agroindustria azucarera
Esta ofensiva continuó contra comerciantes y sectores de la agroindustria de la caña de azúcar, tanto en el Valle como en el Cauca, con muertes y vehículos incinerados. La alteración del orden público se mantiene especialmente en el norte caucano, en ocho municipios. Los ataques más recientes ocurrieron en Corinto y Caloto, donde disidentes de 'Iván Mordisco' atacaron el ingenio La Castilla, dejando un trabajador de seguridad muerto, otro herido y tres secuestrados.
Según la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), los tres secuestrados fueron liberados gracias a la presión del Ejército, que los ubicó mediante drones. El atentado ocurrió en la zona de La Paila, Corinto, donde el supervisor Juan Carlos Ceballos, de 47 años, fue asesinado a metros del vehículo incinerado en el que se movilizaba con otros empleados.
En menos de 12 horas, en Caloto fue incinerada una máquina cosechadora de caña, sin pérdidas humanas. Estos hechos se suman a la quema de un camión en la vía Panamericana, en Santander de Quilichao, un día antes.
Más de mil hechos de inseguridad en el último año
No es la primera vez que se ataca a trabajadores de ingenios azucareros. En ocho municipios del norte del Cauca, colindantes con el sur del Valle, se han reportado más de mil casos de violencia en el último año, incluyendo hurtos, extorsiones, disparos y asesinatos. Fuentes de inteligencia policial y militar señalan que detrás de algunos ataques están disidentes de las Farc, como el frente 'Dagoberto Ramos' y el frente 'Jaime Martínez', que operan en la zona.
EL TIEMPO también estableció que en los atentados contra trabajadores y en disputas por tierras hay disidentes que agitan el orden público en haciendas cañicultoras ocupadas desde hace cuatro años, como Ucrania, en Padilla, Cauca. El año pasado, seis trabajadores del sector agroindustrial de la caña fueron asesinados, algunos en ataques en 48 horas.
Rechazo gremial y llamado al Gobierno
Asocaña, Procaña, ProPacífico, el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca (Ciev), el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, las sociedades de Agricultores y Ganaderos (SAG), la Andi de Cauca, Valle y Nariño, y la Unidad de Acción Vallecaucana se unieron en un rechazo unánime. Hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la Fuerza Pública y a las autoridades regionales para que garanticen la seguridad en el campo.
“Es un mensaje de una región productiva, capaz y resiliente. Pedimos un plan maestro de seguridad que integre esfuerzos presupuestarios y de recursos para apoyar a nuestra Fuerza Pública”, dijo Juan Manuel Sanclemente, presidente del Ciev.
Declaraciones de la presidenta de Asocaña
Claudia Calero, presidenta de Asocaña, hizo un enérgico llamado al Gobierno. Señaló que durante 2025 se registraron 1.041 eventos de inseguridad en 51 municipios del valle geográfico del río Cauca (Valle, Cauca, Risaralda y Caldas). “El impacto tiene que ver con la interrupción de los alimentos y la vida de los trabajadores”, afirmó.
Calero indicó que el año pasado hubo seis trabajadores asesinados y más de 10 heridos. “El 73% de los municipios donde operamos reportaron hechos de inseguridad, la mayoría hurtos (725 casos). Rechazamos también los asesinatos, actos de terrorismo, secuestros y extorsiones”.
Ante la pregunta sobre las acciones del Gobierno, Calero respondió: “Es necesario generar condiciones de seguridad y justicia, porque la impunidad trae más violencia. Estamos esperando resultados. El campo colombiano genera el 14% del empleo y es un activo estratégico”.
Respecto a la invasión de tierras, señaló que la mesa de diálogo creada en 2023 contuvo la situación, pero la inseguridad persiste. “Estamos hartos de esta violencia que escala cada vez más. Esto es un SOS. Colombia no puede dar vía libre a los criminales”.
Los trabajadores tienen miedo y zozobra. Las Fuerzas Armadas han mostrado compromiso, pero se requieren acciones concretas. “Los trabajadores rurales llevan los alimentos a la mesa y están en una situación compleja”, concluyó Calero.
