Gobierno suspende órdenes de captura a cabecillas criminales en Medellín
El Gobierno nacional ha tomado la polémica decisión de suspender las órdenes de captura contra 23 cabecillas de bandas criminales que operan en Medellín, de los cuales siete ya han recuperado su libertad. Esta medida, anunciada a escasas ocho semanas de las próximas elecciones, ha sido calificada por críticos como un "pago de favores" ajustado al calendario electoral más que como un gesto genuino hacia la paz.
Patrón de actuaciones a escondidas
Esta no es la primera vez que el Gobierno actúa de manera discreta, aprovechando momentos en que la ciudadanía se encuentra distraída. A finales del año pasado, durante la vacancia judicial, se expidió una emergencia económica para imponer nuevos impuestos. De manera similar, durante la Semana Santa del año anterior, se promulgó el Decreto 0448, que ordenó suspender únicamente las operaciones de la Fuerza Pública contra las disidencias de alias Calarcá.
"No era un cese bilateral", señalan analistas de seguridad. "Era amarrarle las manos a nuestros militares y policías mientras se otorgaba licencia a las disidencias para atacar y delinquir impunemente". La consecuencia trágica de esta política se materializó el 21 de agosto de 2024, cuando Calarcá ordenó derribar un helicóptero en Amalfi, causando la muerte de 13 valerosos policías y desplazando a más de 2.000 personas en Briceño.
El caso Calarcá: cínico precedente
El caso de alias Calarcá se ha convertido en el ejemplo emblemático del cinismo gubernamental. Mientras supuestamente dialogaba, este criminal continuaba atacando poblaciones, desplazando comunidades, sembrando minas antipersonal, derribando helicópteros y persistiendo en el reclutamiento de niños, como los recientemente rescatados en Caquetá.
La pregunta que surge es inevitable: si el Estado premia a quienes asesinan y amenazan, ¿qué incentivo queda para el ciudadano que cumple la ley? Los principios fundacionales del Estado colombiano establecen claramente que el monopolio legítimo de la fuerza reside en sus instituciones, con una justicia que no negocia ni hace concesiones al crimen organizado.
Escenario electoral y transacciones criminales
Con la suspensión de las órdenes de captura, desde la perspectiva de seguridad no se anticipa una confrontación inmediata, pues no conviene a ninguna de las partes. Existe un acuerdo tácito: mantener la violencia "quieta" para vender la ilusión de una paz urbana aparentemente exitosa durante el período electoral.
Lo que veremos en su lugar será:
- Actos masivos de propaganda y populismo
- Financiamiento de campañas por estructuras criminales
- Control del voto mediante constreñimiento consentido
- Operadores políticos locales vinculados a bandas
La relación es puramente transaccional: los grupos ilegales aportan los votos necesarios, y el Gobierno les otorga beneficios judiciales y "tolerancia" con sus rentas ilícitas. Este pacto entre la necesidad de supervivencia política y la continuidad de las políticas gubernamentales representa más impunidad para el crimen organizado.
Fracaso de la Paz Total y riesgos futuros
¿Cómo explicar la continuación de estas suspensiones cuando la fracasada Paz Total solo ha servido para fortalecer al Clan del Golfo y las disidencias en todo el territorio nacional? El antecedente de 2025, con el asesinato del candidato Miguel Uribe -atribuido a la Segunda Marquetalia, la misma organización a la que estuvo vinculado Calarcá en sus inicios-, debería ser suficiente advertencia.
Estas estructuras criminales no tienen voluntad de paz, sino que buscan aumentar su capacidad armada para soportar la imposición política y transformar el Estado colombiano. No debemos olvidar que sigue en trámite la iniciativa de una asamblea constituyente de corte popular, que podría alterar fundamentalmente nuestra democracia.
Demandas ciudadanas y vigilancia internacional
En este escenario preocupante, la ciudadanía exige a la Registraduría, la Defensoría del Pueblo y especialmente a las altas cortes:
- Revisión de legalidad de estas actuaciones gubernamentales
- Ponderación del bien superior del derecho a la vida y seguridad ciudadana
- Intervención de organismos internacionales de observación
- Denuncia y vigilancia sobre el Valle de Aburrá
"No se puede permitir que, en una región modelo como Antioquia y su capital Medellín, se impongan feudos electorales del crimen con el beneplácito del Gobierno", concluyen expertos en seguridad y derechos humanos. La suspensión de acciones judiciales contra 23 cabecillas del crimen organizado a dos meses de las elecciones plantea preguntas fundamentales sobre la dirección del país y la protección de sus instituciones democráticas.
