En una audiencia pública celebrada este jueves, la Superintendencia de Sociedades, autoridad encargada de los procesos de insolvencia en Colombia, confirmó oficialmente el acuerdo de reorganización de Franquicias y Concesiones SAS, la empresa que opera la reconocida cadena de alimentos Presto. La decisión, tomada por el Juez del proceso de reorganización, se basó en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales y el respaldo mayoritario de los acreedores.
Respaldo de los acreedores
Según el reporte oficial del ente de control, la propuesta presentada por la promotora del proceso obtuvo una votación favorable del 81,39 % de los acreedores calificados y graduados. Asimismo, la autoridad judicial constató que el contenido y las cláusulas del documento se ajustan a los requisitos establecidos en la Ley 1116 de 2006, que rige el régimen de insolvencia empresarial en Colombia.
Detalles financieros de la reestructuración
El acuerdo de reorganización establece un esquema financiero destinado a sanear las deudas de la compañía en un periodo determinado. La Superintendencia de Sociedades detalló que Franquicias y Concesiones SAS deberá atender un pasivo total de $31 mil millones. Para alcanzar la viabilidad financiera necesaria que permita el cumplimiento de estas obligaciones, el acuerdo incluyó la aprobación de reducciones significativas en las deudas originales.
- Se autorizó una quita de capital por valor de $19 mil millones con los acreedores de quinta clase.
- También se aprobó una quita de $211 millones con los acreedores garantizados de segunda clase.
Bajo los términos ratificados por el Juez, la empresa dispondrá de un plazo de seis años para atender el pasivo total sujeto a esta reorganización.
Impacto operativo y social
Franquicias y Concesiones SAS, constituida en noviembre de 2002 y dedicada a la venta y distribución de productos alimenticios, busca a través de este proceso legal garantizar su permanencia en el mercado nacional. La confirmación del acuerdo tiene un impacto directo en la estructura laboral y comercial de la firma. Según las cifras oficiales, la sociedad busca preservar 694 empleos directos y asegurar el funcionamiento de 180 puntos de venta distribuidos a nivel nacional, que representan la totalidad de su operación actual en el país.
Declaraciones de la Superintendencia
La Superintendente de Sociedades (e), Nini Johanna Castañeda, se refirió a la importancia de este proceso para el ecosistema empresarial. Manifestó que “este acuerdo constituye un ejemplo claro de cómo el respaldo de los acreedores, reflejado en quitas de capital y decisiones coordinadas, puede hacer viable el salvamento empresarial”. Castañeda calificó la confirmación como el resultado de un “esfuerzo significativo por parte de los acreedores”, lo cual “demuestra su confianza en la recuperación de la compañía”. También destacó el “compromiso igualmente relevante por parte de la empresa para reorganizar su operación y cumplir sus obligaciones en el tiempo”.
En su intervención oficial, la Superintendente (e) resaltó la utilidad de las herramientas legales para resolver crisis de liquidez. Según sus palabras, este tipo de resultados “evidencian que los mecanismos de insolvencia sí permiten construir consensos sostenibles”. Añadió que el acuerdo alcanzado entre el deudor y sus acreedores “se traduce en un salvamento para la empresa que contribuye a la preservación del tejido empresarial y la protección del empleo”.
Vigilancia del cumplimiento
La Superintendencia de Sociedades concluyó informando que, tras la confirmación del acuerdo, mantendrá su labor de supervisión sobre la ejecución del mismo. La entidad precisó que, desde su función jurisdiccional, “verificará el cumplimiento del acuerdo, asegurando que sus disposiciones se ejecuten conforme a la ley”. Este seguimiento se realizará bajo “reglas claras y en condiciones de transparencia para todos los intervinientes” en el proceso de insolvencia.
