Octogenario enfrenta prisión por presuntos abusos sexuales contra niñas en Pereira
En un caso que ha conmocionado a la comunidad, un juez con función de Control de Garantías de Risaralda ha impuesto medida privativa de la libertad en centro carcelario a un hombre de 81 años, quien es señalado como presunto responsable de someter a vejámenes sexuales a dos niñas de 10 y 6 años de edad. La decisión judicial se tomó a solicitud de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Risaralda, tras una investigación que reveló detalles alarmantes sobre los hechos.
Los hechos ocurrieron en obra de desagüe del barrio Parque Industrial
Los eventos que dieron lugar a esta medida judicial tuvieron lugar el pasado 11 de marzo en una obra de desagüe ubicada en la vía que conduce al barrio Parque Industrial de Pereira, capital del departamento de Risaralda. Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el ahora procesado, al parecer, sometió a una de las niñas, de 10 años, a tocamientos de índole sexual, mientras que la otra menor, de 6 años, era obligada a observar estos actos.
La denuncia fue presentada por un ciudadano que transitaba por el sector y quien se percató de lo sucedido, alertando inmediatamente a las autoridades. Este testimonio fue crucial para iniciar las diligencias que llevaron a la captura y posterior judicialización del implicado.
Fiscalía imputa delito agravado y procesado niega cargos
En el desarrollo de las audiencias preliminares, el ente acusador, representado por fiscales de la Unidad de Reacción Inmediata, imputó al procesado el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, figura penal que contempla sanciones severas debido a la vulnerabilidad de las víctimas y las circunstancias del caso. Sin embargo, durante el proceso judicial, el hombre de 81 años no aceptó los cargos formulados en su contra, manteniendo su postura de inocencia.
La medida de aseguramiento impuesta por el juez busca garantizar que el procesado no eluda la acción de la justicia mientras avanza la investigación, la cual continúa recopilando pruebas y testimonios para determinar la responsabilidad penal en este delicado asunto. Las autoridades han reiterado su compromiso con la protección de los derechos de las menores y con la aplicación rigurosa de la ley en casos de violencia sexual.
