Desde el pasado domingo entró en vigor en El Salvador una controvertida reforma penal que habilita la imposición de cadena perpetua a menores de edad condenados por delitos graves. La nueva medida, que ha generado un intenso debate dentro y fuera del país por sus implicaciones en materia de derechos humanos, comenzó a regir 30 días después de haber sido aprobada por la Asamblea Legislativa salvadoreña, tras una iniciativa impulsada por el presidente Nayib Bukele y respaldada por el Congreso.
Detalles de la reforma
La reforma fue publicada oficialmente el pasado 27 de marzo en el Diario Oficial, donde se detalla que la nueva modificación constitucional y penal establece la cadena perpetua para menores de edad hallados culpables de delitos como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas, consideradas organizaciones terroristas por el Estado salvadoreño. Además, el gobierno creó nuevos “juzgados de lo criminal” encargados de procesar estos casos bajo un procedimiento especial, diferenciado de otros delitos.
Críticas de organismos internacionales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la prisión perpetua para menores es incompatible con las leyes interamericanas, al considerar que este tipo de sanción desconoce el principio de resocialización que debe garantizar la justicia juvenil. En la misma línea, Human Rights Watch cuestionó que la posibilidad de revisar la pena después de 25 años sigue siendo contraria a estándares internacionales sobre derechos de la niñez.
“La imposición de prisión perpetua a niñas, niños y adolescentes es incompatible con la jurisprudencia interamericana, por resultar desproporcionada frente a la finalidad de resocialización de la pena”, señaló la CIDH.
Defensa del gobierno salvadoreño
El Gobierno y el Congreso salvadoreño han defendido la medida argumentando que responde al creciente involucramiento de menores en estructuras criminales y que la cadena perpetua revisable mantiene compatibilidad con estándares constitucionales e internacionales al contemplar revisiones periódicas de la condena. Sin embargo, organismos internacionales han rechazado la reforma.
El presidente Nayib Bukele indicó que no se han violado derechos humanos, defendiendo la medida como necesaria para combatir la delincuencia juvenil.
