El presidente Gustavo Petro volvió a protagonizar un nuevo choque institucional luego de cuestionar públicamente a la Fiscalía General de la Nación por negarse a suspender las órdenes de captura contra varios integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias "Chiquito Malo", señalado máximo jefe de esa estructura criminal.
Origen de la controversia
La controversia comenzó después de que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz solicitara el levantamiento de las órdenes judiciales contra 29 miembros de esa organización armada, como parte de los acercamientos del Gobierno con grupos ilegales dentro de la política de "paz total".
Respuesta de la Fiscalía
Poco después se conoció que la fiscal general Luz Adriana Camargo informó que, tras revisar cada expediente de manera individual, su despacho decidió no acceder a la petición. La funcionaria explicó que la creación de zonas de ubicación temporal no elimina automáticamente los procesos penales ni deja sin efecto las órdenes de captura vigentes.
Reacción presidencial
Desde Timbiquí, en el departamento del Cauca, Petro respondió con dureza a la determinación de la Fiscalía y defendió la legalidad de las zonas de concentración pactadas con grupos armados.
"Las zonas de concentración son legales y el presidente las ordena, no la fiscal y aquí se respeta la Constitución. Si no el pueblo la hace respetar", afirmó el mandatario durante su intervención pública. Las declaraciones elevaron aún más la tensión entre la Casa de Nariño y la Fiscalía, en medio de las discusiones sobre el alcance de las competencias presidenciales dentro de los procesos de negociación y sometimiento con organizaciones criminales.
Diferencias internas en el Gobierno
El pronunciamiento de Petro también dejó en evidencia diferencias internas dentro del propio Gobierno. El jefe de Estado aseguró que no conocía el listado específico de integrantes del Clan del Golfo incluidos en la solicitud presentada ante la Fiscalía, situación que fue interpretada como una desautorización pública al alto comisionado para la paz, Otty Patiño.
Contexto de tensiones institucionales
La polémica ocurre en un momento de creciente tensión entre el Ejecutivo y distintas ramas del poder público, especialmente por las decisiones judiciales relacionadas con la política de paz y otros asuntos impulsados por el Gobierno nacional. En paralelo, Petro también lanzó críticas contra magistrados de las altas cortes luego de la suspensión del traslado de recursos desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, una medida que hace parte de la implementación de la reforma pensional aprobada por el Congreso.
