Mina ilegal La Mandinga operó en predios del Batallón Rifles 31, según NYT
Mina ilegal La Mandinga operó en predios del Batallón Rifles 31

Una investigación del diario The New York Times reveló que la mina ilegal de oro La Mandinga, controlada presuntamente por el Clan del Golfo, operaba en terrenos del Batallón Rifles 31, en el Bajo Cauca antioqueño. El hallazgo ha llevado al Ministerio de Defensa a ordenar una verificación inmediata para esclarecer los hechos.

Detalles de la denuncia

Según el reportaje, la explotación ilegal de oro se realizaba con motores, mangueras de alta presión y otros equipos para remover tierra. Los trabajadores pagaban cuotas al Clan del Golfo para poder extraer el mineral, lo que convertía esta actividad en una fuente de financiamiento para el grupo criminal. Las imágenes aéreas, registros de campo y testimonios recopilados por The New York Times muestran la cercanía de la mina con las instalaciones militares.

Reacción de las autoridades

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que se inició una investigación para determinar si hubo fallas de control, omisión o vínculos con economías ilegales. Sánchez afirmó que no se tolerarán conexiones entre miembros de la Fuerza Pública y estructuras criminales. En lo que va del año, se han realizado operativos en cerca de 2.500 minas ilegales y se han destruido alrededor de 1.000 máquinas utilizadas para extracción ilícita.

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Interrogantes sobre el control militar

El comandante del batallón, coronel Daniel Echeverry, inicialmente negó la existencia de minería ilegal en los predios, pero luego constató la presencia de actividad minera. La investigación oficial deberá establecer cómo la mina pudo avanzar hasta terrenos militares y si hubo responsabilidades dentro de la unidad.

Implicaciones más amplias

La denuncia también señala que parte del oro extraído ilegalmente podría haber ingresado a cadenas de comercialización formal y llegado a mercados internacionales, lo que plantea dudas sobre los controles de trazabilidad del mineral. El caso abre preguntas sobre la capacidad del Estado para combatir la minería ilegal y evitar que economías criminales se mezclen con circuitos legales.

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