Dos meses después del fallecimiento de Kevin Acosta, el niño de 7 años que perdió la vida porque la Nueva EPS no le suministró medicamentos contra la hemofilia que padecía, el caso vuelve a ser noticia por las declaraciones del presidente Gustavo Petro. En su última alocución, el mandatario aseguró que Medicina Legal tenía como objetivo no presentar el informe sobre las causas de la muerte del menor, calificando esto como un “manejo político de la muerte”, y afirmó que la Nueva EPS no es la culpable.
Respuesta de Medicina Legal
Frente a estas declaraciones, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses emitió un pronunciamiento a través de su director, Ariel Emilio Cortés, quien aclaró al jefe de Estado que la entidad no tiene la potestad de entregar resultados de necropsias sin una orden judicial. “El instituto como auxiliar de la justicia no tiene potestad para entregar resultados de las necropsias sin orden judicial a entidades o personas naturales. Estos solo se entregan a las autoridades competentes de adelantar las investigaciones”, indicó el funcionario.
Además, destacó que el 4 de marzo de 2026, Medicina Legal recibió un requerimiento del Ministerio de Salud solicitando la historia clínica del niño Kevin Acosta y su informe de necropsia. La institución respondió siguiendo lo establecido en el ordenamiento jurídico.
Tutela rechazada
El 25 de marzo, el Ministerio de Salud, dirigido por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, interpuso una tutela por supuesta vulneración al derecho fundamental de petición. Sin embargo, el 14 de abril, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá rechazó la tutela, dándole la razón al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
El caso Kevin Acosta
Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia severa tipo A, falleció el pasado 13 de febrero en Bogotá luego de ser trasladado desde el Huila tras sufrir un trauma craneoencefálico al caer de una bicicleta. Según su familia y la Procuraduría, el accidente resultó fatal debido a la falta de tratamiento previo que garantizara su estabilidad clínica. La Nueva EPS presuntamente dejó de suministrarle el medicamento vital Emicizumab desde diciembre de 2025.
Mientras el Gobierno Nacional y la entidad intervenida atribuyeron el deceso al impacto de la caída, el Ministerio Público concluyó que la desatención y la falta de fármacos esenciales pusieron al menor en una situación de vulnerabilidad extrema. El caso ha generado una controversia nacional sobre la responsabilidad de la Nueva EPS en la muerte del menor.
