La noche previa al Día de las Madres se convirtió en una escena de terror en Pueblo Viejo, Magdalena. Lo que para decenas de familias era una reunión de barrio con música y conversación, terminó en segundos bajo una lluvia de disparos que dejó cuatro muertos, dos heridos y una comunidad sumida en el miedo.
Detalles del ataque
El ataque ocurrió en el corregimiento de Palmira, entre la Ciénaga Grande y el corredor que conecta a Santa Marta con Barranquilla. En el barrio La Esperanza, varias personas compartían en la vía pública cuando hombres armados en motocicletas irrumpieron y dispararon indiscriminadamente. Las víctimas quedaron atrapadas sin posibilidad de escapar.
Según testimonios de los habitantes, los atacantes abrieron fuego sin mediar palabra. Algunos intentaron correr o refugiarse detrás de paredes y motocicletas, pero la ráfaga de tiros alcanzó a varias personas en plena calle. La escena posterior fue desgarradora: cuerpos tendidos sobre el pavimento, heridos pidiendo ayuda, familiares corriendo desesperados para trasladar a los lesionados en vehículos improvisados. Gritos, sangre y confusión dominaron el lugar.
Cuando llegaron las primeras patrullas, cuatro personas ya habían muerto y dos más estaban heridas.
Contexto de violencia y crisis
La masacre ocurrió en un contexto particularmente delicado para Pueblo Viejo y sus corregimientos. En las últimas semanas, las comunidades denunciaban una profunda crisis por la falta de agua potable, mientras los pescadores alertaban sobre intimidaciones y amenazas para impedirles trabajar en sectores de la Ciénaga Grande. Para muchos, el ataque armado confirmó un temor que crecía desde hace tiempo.
Un residente del sector relató: “La gente aquí vive con miedo. Primero fueron las amenazas, después comenzaron los rumores y ahora pasa esto”. Varias personas en Palmira aseguran que algunas víctimas se dedicaban a la pesca y consideran que la violencia ya desbordó cualquier frontera entre disputas criminales y población civil.
Pueblo Viejo, históricamente afectado por la pobreza y la débil presencia institucional, se ha convertido en un territorio sensible por su ubicación estratégica entre zonas de movilidad ilegal, economías criminales y corredores utilizados por estructuras armadas en el Caribe.
Respuesta de las autoridades
El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jaime Ríos, confirmó que las primeras investigaciones apuntan a integrantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, también conocidas como Los Pachenca. La reacción policial se produjo minutos después del ataque y permitió capturar a cinco presuntos responsables e incautar dos armas de fuego.
“Estas personas tienen antecedentes y, según información de inteligencia, pertenecerían a Los Pachenca o Conquistadores de la Sierra”, señaló el coronel Ríos. Los detenidos serán presentados ante un juez por el delito de homicidio agravado.
Aunque las autoridades manejan como hipótesis principal un posible ajuste de cuentas entre estructuras criminales, en Palmira persiste otra lectura: la de una comunidad que siente que la violencia afecta a familias trabajadoras y a civiles atrapados en medio de una confrontación armada que crece en varios municipios del Magdalena.
La víspera del Día de las Madres terminó en funerales
En Palmira nadie habla ya de celebración. Las casas que horas antes tenían música y reuniones familiares amanecieron llenas de llanto. Varias madres recibieron la noticia de la muerte de hijos, hermanos o familiares en una madrugada marcada por sirenas y patrullas. La calle donde ocurrió la masacre permaneció acordonada durante horas mientras los vecinos observaban en silencio los rastros del ataque. El miedo también quedó instalado.
Muchos habitantes decidieron encerrarse en sus viviendas ante el temor de nuevos hechos violentos. Otros aseguran que desde hace meses la situación de seguridad empeora mientras las comunidades enfrentan carencias básicas y la expansión de grupos armados ilegales. La masacre de Palmira dejó al descubierto la fragilidad de una región donde el abandono estatal, las amenazas y el control criminal parecen avanzar más rápido que cualquier respuesta institucional.
