La guerra por venir: seguridad como servicio privado y la mutación del conflicto en Colombia
Willy Valdivia Granda, director ejecutivo de Orion Integrated Biosciences y especialista en inteligencia artificial aplicada a la defensa, la salud pública y la seguridad nacional, presenta un análisis profundo sobre la evolución del conflicto en Colombia y sus implicaciones futuras.
Advertencias tempranas y mutación del conflicto
En 2015, estimaciones de inteligencia colombiana ya advertían que si el control territorial y las economías ilícitas no se desmantelaban completamente, el conflicto no desaparecería sino que mutaría. Tras derrotar militarmente a la insurgencia de las Farc, pero sin extinguirla por completo, el Estado optó por la paz. Convencido de que salvar vidas justificaba el cierre del conflicto, otorgó concesiones que rozaron la impunidad, incluyendo reducción de penas, beneficios jurídicos y participación política para responsables de crímenes de lesa humanidad.
Cuando se firmó el Acuerdo de La Habana en 2016, la tasa de homicidios era de 25,7 por cada 100.000 habitantes, la más baja desde la década de 1970 y aproximadamente la mitad de la registrada una década antes. Esta cifra parecía anunciar una inflexión histórica en la seguridad del país.
Reconfiguración de la violencia en el posconflicto
Sin embargo, diez años después, mientras el homicidio a nivel nacional se mantuvo prácticamente estable con un aumento de solo 0,5%, la coerción se intensificó significativamente. Entre 2016 y 2025, se registraron aumentos alarmantes en diversos delitos:
- Secuestro total aumentó un 200%
- Secuestro extorsivo aumentó un 291%
- Extorsión aumentó un 118%
- Delitos sexuales aumentaron un 21%
- Violencia intrafamiliar aumentó un 28%
Más que una reducción integral de la violencia, el llamado 'posconflicto' reconfiguró sus mecanismos, transformó a sus actores y confirmó las advertencias tempranas de los analistas. También hizo evidente que en Colombia ya no existe una insurgencia ideológica, sino solo una insurgencia criminal que instrumentaliza el lenguaje político como recurso táctico.
La política de 'Paz Total' y sus consecuencias
En 2022, el Estado volvió a ofrecer la paz a través de la política de 'Paz Total', tratando con estructuras criminales para las cuales la negociación no representa un punto de llegada, sino una fase operativa que les permite tiempo para reordenarse y espacio para consolidar corredores estratégicos. El resultado fue contundente: entre 2022 y 2025, la insurgencia criminal creció un 45%, superando con amplitud el número de combatientes registrado en 2016.
Hoy, en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) donde las órdenes de captura quedan suspendidas, incluso con fines de extradición, se reedita la debacle del despeje del Caguán. En nombre de la paz, se otorga control territorial donde la impunidad se instala, la coerción se vuelve rutina y el equilibrio estratégico se inclina a favor de quienes desafían la ley.
La naturaleza de la guerra por venir
La guerra por venir no será la de los años noventa. Lo que se aproxima es más peligroso y difuso, caracterizado por:
- Más de 25.000 criminales alzados en armas en zonas rurales
- Más de 12.000 miembros de pandillas urbanas capaces de transformar sus identidades
- Ofrecimiento de servicios al mejor postor de economías ilícitas transnacionales
Estos actores no buscarán tomar el poder por una ideología o nacionalidad específica, sino para infiltrar el Estado desde dentro. Será una guerra híbrida donde el reclutamiento de menores y la adopción de tecnologías alguna vez exclusivas del Estado se usarán como armas de aniquilamiento, coerción, manipulación y desinformación.
Alianzas peligrosas y mercantilización de la seguridad
Las alianzas entre políticos sin escrúpulos y organizaciones criminales profundizarán la coacción al votante, la financiación ilegal y la suplantación electoral. La impunidad se convertirá en una mercancía legitimada en nombre de la paz.
La seguridad dejará de ser un bien público garantizado por el Estado y pasará a transarse como un servicio privado, accesible según la capacidad de pago de cada ciudadano.
Ante esta situación, la respuesta institucional ya es insuficiente, desfasada y, en última instancia, ciega y hasta cómplice. Quien cuestiona la alianza político-criminal y los ofrecimientos de paz suele ser descalificado, atacado o asesinado.
Colombia en el contexto global del crimen organizado
Cabe entonces preguntarse si esta guerra ya comenzó, especialmente considerando que Colombia ya es el segundo país con mayor presencia de crimen organizado en el mundo. No sabremos si, sin negociaciones de paz, habría habido más o menos secuestros o extorsión, pero lo que sí sabemos con certeza es que estas negociaciones no eliminaron estos delitos y que los homicidios tampoco han disminuido por negociar la paz.
Corregir este error no significa querer la guerra; significa anticipar que cada ciclo de violencia exige una respuesta distinta, a veces difícil y dolorosa. Porque la paz puede ser una condición deseable, pero nunca una garantía automática del porvenir del país.
Willy Valdivia, con más de 20 años de experiencia, ha colaborado con organismos internacionales, asesorado a la Unión Europea y liderado proyectos en América Latina, Europa, Asia, Medio Oriente y África, aportando una perspectiva global a este análisis crítico de la situación colombiana.
