En medio del crítico momento de inseguridad que vive Colombia, especialmente en el suroccidente del país, los alcaldes y gobernadores han tenido que asumir el liderazgo para enfrentar a los grupos armados ilegales. Esto ocurre debido a que el Gobierno Nacional, concentrado en su política de Paz Total, no ha realizado los esfuerzos necesarios para contener la violencia.
Así se concluyó durante el evento “Colombia: Abordar la inseguridad ciudadana desde lo subnacional”, organizado por Diálogo Interamericano, El Tiempo y Portafolio en la Universidad de los Andes. Allí, expertos en seguridad y mandatarios regionales discutieron cómo fortalecer la seguridad en el territorio colombiano y los beneficios que ello traería para el crecimiento económico.
La inseguridad como desafío compartido
Rebecca Bill Chavez, CEO y presidenta de Diálogo Interamericano, afirmó que la inseguridad es un desafío compartido que solo se puede combatir de manera efectiva mediante el trabajo conjunto. Juan Cruz, miembro del grupo de trabajo de seguridad hemisférica del Diálogo Interamericano y exdirector senior para asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad de Estados Unidos durante la primera administración de Donald Trump, reconoció que la situación de seguridad en la región no es buena.
La falta de respuesta a este fenómeno, dijo Cruz, ha generado gobiernos debilitados que han colapsado, como el caso de Perú con Dina Boluarte. También mencionó la pérdida de confianza ciudadana y la presencia de redes transnacionales, como las detectadas de Albania en Ecuador. Cruz sugirió que los mandatarios regionales deberían buscar acuerdos con autoridades estadounidenses para recibir cursos, capacitaciones, recursos y tecnología, incluso si el Gobierno Nacional no tiene buenas relaciones con Washington.
El papel de los alcaldes y gobernadores
Hugo Acero, experto en seguridad y defensa, señaló que la propuesta de Cruz requeriría una reforma constitucional en Colombia, ya que esa competencia es del Gobierno Nacional. No obstante, destacó la labor de alcaldes y gobernadores en la lucha contra la inseguridad, afirmando que “sin su esfuerzo esto estaría peor”. Acero expresó su esperanza de que un cambio de gobierno permita un trabajo conjunto contra las redes criminales.
Andrés Santamaría, director de Asocapitales, manifestó su preocupación por los recientes atentados terroristas y la ausencia de una estrategia nacional para combatir la expansión de grupos ilegales. Criticó el fracaso de la paz total del gobierno de Gustavo Petro, señalando que los grupos armados pasaron de 13.000 a 27.000 hombres, y que 75 gestores de paz suman 1.300 años de condenas acumuladas y 205 órdenes de captura suspendidas. Esto ha generado un aumento de más del 100% en extorsiones y secuestros, afectando tanto zonas rurales como urbanas.
Santamaría agregó que en lo que va del actual gobierno se han registrado más de 40.000 homicidios, siendo 2025 el año más violento en la última década. El desplazamiento masivo alcanzó 88.000 personas en 2025, un incremento del 70%. Las zonas de disputa pasaron de 6 a más de 20, evidenciando la falta de control territorial. “Hoy los alcaldes están asumiendo un rol muy importante en seguridad, pero la lucha contra el terrorismo es responsabilidad del Gobierno”, afirmó.
Esfuerzos locales y limitaciones
El alcalde de Manizales, Jorge Rojas, habló sobre los esfuerzos de las administraciones locales pese a las limitaciones de recursos. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sostuvo que la paz es el resultado de imponerla con seguridad, justicia y oportunidades sociales. La impunidad, que ronda el 90%, es uno de los principales problemas, según Jaime Pumarejo, director de Portafolio, quien recordó que los alcaldes no tienen competencia para cambiar esa realidad.
Pumarejo instó a los colombianos a dirigir sus quejas al Gobierno Nacional, pues las autoridades regionales no participan en la arquitectura de la justicia y la seguridad. Destacó que el crimen organizado ha evolucionado, pero la forma de combatirlo no ha cambiado, lo que representa un reto. Citó que la inseguridad y la impunidad le cuestan a Colombia $64 billones, equivalentes a 3,6 puntos del PIB, según el BID y Fedesarrollo. Es como si cada colombiano debiera ahorrar $1,3 millones para cubrir ese costo.
