Fiscalía desmantela red de estafa con falsas promesas de tierras estatales
La Fiscalía General de la Nación ha logrado una importante captura en el marco de una investigación por estafa agravada en modalidad de masa. El implicado, identificado como Jairo Ramón Agámez Ortiz, habría engañado a al menos 41 personas en los departamentos de Antioquia, Caldas y Tolima, mediante falsas promesas de acceso a predios y tierras administradas por el Estado.
Modus operandi de la estafa
Según la investigación fiscal, Agámez Ortiz desarrolló un sofisticado esquema de engaño que incluía los siguientes elementos:
- Se presentaba como presidente de una falsa asociación dedicada a trámites de restitución y adjudicación de tierras.
- Aseguraba ser enlace oficial con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Unidad de Restitución de Tierras.
- Ofrecía trámites exprés y facilidades a familias campesinas que buscaban acceder a lotes en zonas rurales.
- Solicitaba pagos por concepto de afiliaciones, gastos administrativos, trámites y pólizas.
Impacto económico y social
El daño económico causado por esta estafa asciende a aproximadamente 52 millones de pesos, dinero que fue entregado por familias campesinas con la esperanza de obtener tierras para su sustento. La Fiscalía destacó que no existía sustento real para las gestiones ofrecidas, y que el acusado simplemente se aprovechaba de la necesidad y confianza de las víctimas.
Las denuncias comenzaron a surgir desde junio de 2025, cuando cinco afectados revelaron a medios de comunicación cómo este hombre operaba. Posteriormente, más víctimas se sumaron a las investigaciones, permitiendo a la Fiscalía consolidar el caso.
Situación legal del implicado
Frente a las evidencias presentadas, Agámez Ortiz aceptó los cargos imputados y fue enviado a prisión domiciliaria mientras continúa la investigación. La medida cautelar busca garantizar que no interfiera con el proceso judicial ni contacte a posibles víctimas.
Este caso evidencia la vulnerabilidad de las comunidades rurales frente a esquemas delictivos que se aprovechan de programas sociales y de restitución de tierras. Las autoridades recomiendan verificar siempre la legitimidad de quienes ofrecen trámites con entidades estatales y denunciar cualquier irregularidad.
