Un grave escándalo sacude a la rama judicial de Colombia. Según denunció Asonal Judicial, el sistema de gestión documental Alfresco, implementado para agilizar los procesos judiciales, se ha convertido en un caos que genera una congestión nunca antes vista en los juzgados del país. Esto afecta directamente a la ciudadanía que interpone acciones de tutela, las cuales no estarían siendo falladas en el plazo razonable establecido por la ley, vulnerando derechos fundamentales.
Denuncia de Asonal Judicial
El presidente de Asonal Judicial, Diego Escobar, hizo la delicada denuncia contra la plataforma tecnológica de la rama judicial. Escobar señaló que existen múltiples problemas con el desarrollo tecnológico, especialmente con la intermitencia de las plataformas electrónicas como Alfresco a nivel nacional. "La plataforma no responde, no permite el ingreso de archivos ni el traslado de procesos entre jurisdicciones, lo que genera una congestión interna en los juzgados de todo el país", afirmó.
Impacto en las tutelas
Uno de los aspectos más críticos es el efecto sobre las acciones de tutela, un derecho fundamental consagrado en la Constitución. Escobar explicó que las tutelas llegan a los despachos con apenas cinco días para ser resueltas, cuando la ley establece un plazo de diez días en primera instancia. "Con la congestión de estos sistemas, las tutelas llegan cinco días después de ser radicadas, lo que deja un margen mínimo para fallar", denunció.
Esta situación genera desesperación entre los ciudadanos, que no pueden hacer seguimiento a sus procesos a través de las plataformas. Los abogados litigantes también enfrentan graves problemas para presentar demandas y acciones de tutela.
Queja formal contra la directora de tecnología
El presidente de la Red de Veedurías de Colombia anunció que radicará una queja formal contra Johana Pimiento, directora de la Unidad de Transformación Digital e Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por los graves problemas del sistema Alfresco. Pimiento es la encargada de garantizar que las plataformas tecnológicas de la rama judicial sean efectivas y cercanas al ciudadano, pero según la denuncia, no ha cumplido con su labor.
Detrimento patrimonial
La denuncia también pone en evidencia que estas plataformas fueron adquiridas con un millonario crédito internacional del Banco Mundial, por 100 millones de dólares. "Estos problemas afectan los trámites judiciales, retrasan las respuestas de los despachos, recargan a los operadores judiciales y, en últimas, generan un detrimento patrimonial", concluyó el presidente de la Red de Veedurías.
La situación es crítica y pone en riesgo la eficiencia de la justicia en Colombia, así como los derechos fundamentales de los ciudadanos que acuden a la tutela como mecanismo de protección.
