Autoridades de varios países han comenzado a contactar a la Fiscalía de Colombia para obtener información sobre el megaoperativo judicial contra la cadena de almacenes Lili Pink, que incluye nueve órdenes de captura y la incautación de 440 bienes, entre locales, edificios, bodegas, oficinas con puertas blindadas y vehículos de alta gama.
Según el ente acusador, los locales son la fachada de una red delictiva transnacional que, desde 2014 hasta la actualidad, ha ejecutado decenas de operaciones de comercio exterior con apariencia legal, ingresando prendas de vestir, juguetes y cosméticos a través de importadoras y firmas de papel. Se trata de la operación contra el lavado de activos y el contrabando más grande de los últimos tiempos, con conexiones financieras en Bahamas, Panamá y otros nueve países donde la marca tiene franquicias, vinculada a los empresarios colombo-panameños Max Marvin Abadi y su hijo David.
Crecimiento sospechoso de Lili Pink
Lili Pink creció exponencialmente en menos de una década. Los Abadi, que se mueven con soltura en el jet set colombiano, están ligados al negocio textil desde hace décadas a través de una familia descendiente de judíos que llegó a Colombia en los años 50 y fundó una famosa textilera. Sin embargo, Max Abadi se apartó del negocio familiar, incursionó en la producción de condones sin látex y, en 2014, en la confección de ropa íntima femenina, un negocio que empezó a crecer de manera exponencial y sospechosa.
Para 2024, Fast Moda SAS, la empresa dueña de la marca Lili Pink, aparecía en el puesto 528 en ventas en Colombia, con 518.000 millones de pesos y franquicias en Argentina, El Salvador, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Honduras, Costa Rica y México. En ese momento, la Fiscalía Delegada para las Finanzas Criminales, hoy a cargo de Aura Liliana Trujillo, completaba dos años rastreando sus operaciones.
Tras una indagación técnica e interdisciplinaria calificada de sólida, se obtuvo evidencia de que detrás del imperio Lili Pink habría un entramado de empresas fantasma ligadas a los Abadi, que ha ejecutado operaciones de contrabando y lavado por 760.000 millones de pesos, incrementando sus fortunas en 434.000 millones de pesos. Con esa evidencia se echó a andar el operativo de esta semana en varias ciudades del país, en el que se incautaron dinero en efectivo, contabilidades, saldos en cuentas bancarias por 4.000 millones de pesos y hasta el pasaporte de uno de los señalados cerebros del entramado, lo que desvirtúa que alguien los hubiera alertado.
Sin embargo, EL TIEMPO obtuvo un chat grupal en el que alguien ordena que se ignoren las instrucciones del nuevo gerente de los almacenes, designado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), y se siga reportando a los jefes de zona.
El hilo conductor: chofer y firmas fantasma
Además, aún faltan ocho órdenes de captura por hacerse efectivas y este diario estableció que los dos Abadi ya no están en el país. Al respecto, su apoderado, el penalista Iván Cancino, le dijo a EL TIEMPO que comparecerán ante la justicia de manera virtual para rendir explicaciones.
EL TIEMPO tuvo acceso en exclusiva a información clave del expediente en el que se señala que el grupo Abadi utilizó hasta a uno de sus conductores para armar un entramado de importadoras y proveedoras ficticias. Se trata de Jonnathan Villamil Soler. Además de prueba documental, este diario también estableció que hay decenas de interceptaciones a los implicados en las que se habla del movimiento de mercancía y de dinero. Ya está probado que mientras Villamil les conducía una de sus camionetas de alta gama a las señaladas cabezas de la red, aparecía como representante legal de una de las empresas proveedoras de la mercancía de Lili Pink que trae marquillas de ‘hecho en Colombia’, pero es china.
Además del conductor, la investigación de la Fiscalía identificó entre los representantes legales de las compañías proveedoras a Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, una de las tesoreras de las empresas vinculadas a Lili Pink, así como a una operaria y a la ejecutiva de talento humano. El chofer y la tesorera están vinculados a Pink Life, que registra activos por 280.000 millones de pesos.
Varios de esos nombres ya habían salido a relucir en una investigación de la Dian que partió de una solicitud de devolución de impuesto a la renta que pidió una de las sociedades del entramado. Cuando entraron a verificar, se dieron cuenta de que los nombres de los representantes legales se repetían en otras empresas: usaban el cambio de razón social para borrar el rastro de sus actividades, pero siempre aparecen los mismos. La Fiscalía fue a verificar las direcciones de las proveedoras y encontró lotes baldíos en La Guajira o direcciones que no concuerdan. EL TIEMPO investigó y estableció que las empresas proveedoras son Costa Vásquez SAS, Control Lock SAS y Continental de Importaciones.
Plata y conexiones en Bahamas
La Fiscalía también tiene identificadas a las importadoras Iexport, Distribuidora Variedades, Fashion Tech y One Boy, cuyos productos son comercializados por Fast Moda SAS, Innova Quality SAS y Pink Life SAS. Siguiendo esa pista se ubicó a un puñado de empresas constituidas en Panamá, que están en cabeza de las mismas personas del grupo Abadi, quienes participan como accionistas de las comercializadoras y tienen vínculo con las importadoras. Incluso figuran como acreedores de las sociedades colombianas que comercializan la mercancía. Las empresas panameñas son Malta Blue SA, Nepal Blue SA, Fiveshe SA, Threesus SA, Betsea Blue SA, One Boy y Mail Blu.
Ahora se rastrean millonarias transferencias a Bahamas y a otros países, una indagación que podría terminar interesando a Estados Unidos. En cuanto a la supuesta filtración del operativo, EL TIEMPO también estableció que a algunos ejecutivos del entramado societario les otorgaron trabajo en casa desde la semana pasada. Dos dicen que notaron movimientos extraños días antes del operativo que los alertaron: a uno le llegó un pollo asado por domicilio aparentemente equivocado, y a otro, un falso Uber, que ligaron a vigilancias del CTI. Los implicados serán procesados por contrabando, lavado de activos, concierto para delinquir con fines de contrabando, lavado y enriquecimiento ilícito.
Defensa de los Abadi
En diálogo con EL TIEMPO, el penalista Iván Cancino, apoderado de ocho de las nueve personas implicadas en el caso, incluidos Max Marvin Abadi y su hijo David, aseguró que estos dos últimos comparecerán ante la justicia. No obstante, el abogado señaló que será de manera virtual, como lo viene haciendo su otro cliente, Carlos Ramón González. “He asistido ya a algunas audiencias previas. Y si bien por ahora no habrá más declaraciones, le puedo anticipar que ellos darán las explicaciones sobre el caso”, explicó Cancino.
Si bien no adelantó cuál será su estrategia de campaña, allegados a los Abadi le dijeron a este diario que, entre otros puntos a rebatir, está el hecho de que la Fiscalía allanó e incautó locales que son franquicias de terceros sin relación con las empresas. Además, que tiene evidencia de que los más de 54.000 millones de pesos en mercancía que les ha decomisado la Dian terminó siendo vendida a terceros sin explicaciones.
