Lili Pink en el centro de la tormenta por contrabando y lavado de activos
La reconocida marca de ropa femenina Lili Pink enfrenta serias acusaciones por su presunta participación en actividades ilícitas. Las autoridades han señalado que la empresa operaba una compleja estructura que movía millonarios recursos ilegales bajo la apariencia de un negocio legítimo, facilitando el ingreso de mercancía de contrabando al país.
Cierre de locales y allanamientos
Tras la intervención de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), varios puntos de venta de la compañía fueron clausurados. Un informe de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) reveló que los propietarios de Lili Pink tenían conocimiento anticipado de los operativos, lo que explicaría por qué algunos establecimientos estaban vacíos y sus gerentes trabajaban desde sus hogares durante los allanamientos.
Amelia Pérez, presidenta de la SAE, informó que los funcionarios recorrieron múltiples locales en distintas ciudades y detectaron diversas anomalías durante el proceso de incautación. "Hemos estado revisando lo que hasta ahora se ha encontrado en los locales, algunos vacíos, y estamos a la espera de que se termine esta entrega", declaró. Asimismo, advirtió que los responsables de la empresa estaban al tanto de las acciones judiciales desde semanas antes.
¿Quiénes son los dueños de Lili Pink?
La marca fue fundada en 2006 en el barrio Toberín de Bogotá por la familia Abadi, especialmente por Max Abadi y su hijo David Abadi, con el objetivo de competir con firmas como Leonisa. Con el tiempo, se expandió a nivel nacional e internacional, diversificando su oferta a pijamas, splash, maquillaje y otros productos. En 2015, pasó a manos del holding panameño Lili Brands, que se convirtió en su único propietario.
Actualmente, la marca opera bajo la franquicia Fast Moda S.A.S., cuya representante legal es Lorena Bernal Castro, quien ha manifestado que la empresa está dispuesta a llegar hasta las últimas instancias para defenderse de las denuncias.
Conductor aparece como máximo accionista
Según la Fiscalía General de la Nación, las pruebas indican que la organización delictiva creó una red de importadoras, comercializadoras y sociedades ficticias para ingresar prendas de vestir, juguetes y cosméticos, dándoles una apariencia legal. En los documentos, un hombre identificado como conductor figura como accionista mayoritario, aunque su perfil profesional solo muestra experiencia como chofer en varias empresas.
La SAE afirma que, ante el escándalo, los supuestos empresarios que conformaban las compañías que movilizaron millonarias sumas habrían huido antes de que se ejecutaran las operaciones de extinción de dominio.
El conductor del expediente: testaferrato y judicialización
Según el expediente de la SAE, los empresarios prófugos lograron evadir los controles aduaneros y conocer las acciones en su contra. El conductor que aparece en los documentos habría prestado su nombre en una práctica de testaferrato para mantener a los verdaderos responsables fuera de las investigaciones.
El hombre fue judicializado tras los operativos, pero tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial después de la imputación de cargos, quedando pendiente la definición de su medida de aseguramiento.
