La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) manifestó su profunda preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad en la región del Catatumbo, advirtiendo que la situación ya está generando cierres, suspensión de operaciones y graves afectaciones a la economía local. En un comunicado divulgado este 29 de abril desde Cúcuta, el gremio empresarial señaló que las presiones ejercidas por grupos armados ilegales están provocando una reducción significativa de la actividad productiva, especialmente en los sectores de energía, combustibles, logística y comercio.
Afectaciones a la infraestructura energética y de combustibles
Uno de los hechos más críticos mencionados por la Andi es la suspensión de operaciones de Ecopetrol en el Catatumbo debido a problemas de orden público y riesgos de seguridad para el personal. Además, en el bloque Carbonera de gas, ubicado en Sardinata, persisten bloqueos, restricciones a la movilidad y amenazas que complican el desarrollo de actividades energéticas. El municipio de Tibú sufrió interrupciones en el suministro de gas domiciliario como consecuencia de amenazas de grupos armados, y la distribución de gas licuado de petróleo (GLP) se ha visto afectada en varios municipios del oriente del departamento, impactando el abastecimiento de hogares y comercios.
Problemas eléctricos y vulnerabilidad del sistema
El gremio también alertó sobre pérdidas sostenidas en el sistema eléctrico regional debido a conexiones ilegales y daños a la infraestructura estratégica que afectan las operaciones de CENS EPM. La situación se agravó desde el pasado 8 de abril, cuando se registró una afectación grave en la línea de transmisión de 115 kilovoltios entre Convención y Tibú, con ruptura de cables y colapso de estructuras. Las labores de reparación tuvieron que ser suspendidas por condiciones de seguridad y la posible presencia de artefactos explosivos, lo que requirió acompañamiento del Ejército. Actualmente, Tibú depende de una sola línea de transmisión eléctrica sin respaldo, lo que lo deja expuesto a nuevas interrupciones.
Extorsiones y amenazas paralizan el suministro de combustible
En las últimas horas, las diez estaciones de servicio que operan en Tibú suspendieron la distribución de combustible debido a amenazas y exigencias de extorsión atribuidas a grupos armados ilegales. Según la Andi, estas estructuras criminales estarían exigiendo pagos periódicos a los empresarios del sector para permitir la continuidad de las operaciones. Esta suspensión genera un riesgo inmediato de desabastecimiento de combustible y aumenta la presión sobre la economía local y las cadenas logísticas regionales.
Llamado urgente al Gobierno Nacional
La Andi afirmó que estos hechos no son aislados y configuran un entorno sistemático de presión sobre la actividad empresarial en distintas zonas del departamento. El deterioro de la seguridad está limitando la capacidad productiva regional y afectando la confianza de inversionistas y empresarios. Ante esta situación, el gremio hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes para adoptar medidas que permitan recuperar el control territorial, reforzar la protección de la infraestructura estratégica y garantizar condiciones de seguridad para la producción, el comercio y las operaciones logísticas. "La seguridad no es un asunto sectorial. Es una condición indispensable para la producción, el abastecimiento, la inversión y el bienestar de la población", concluyó la Andi.
