Ecuador renueva medidas de excepción en nueve provincias para enfrentar crisis de seguridad
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este jueves un nuevo estado de excepción por 60 días en nueve de las 24 provincias del país, con el objetivo declarado de combatir al crimen organizado que azota al territorio nacional. La medida afecta directamente a las dos principales ciudades ecuatorianas: Quito y Guayaquil, que concentran aproximadamente 7 millones de habitantes entre ambas.
Suspensión de derechos y despliegue militar
El decreto presidencial suspende derechos fundamentales y autoriza el despliegue de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional. Entre las garantías constitucionales que quedan temporalmente sin efecto se encuentran:
- La inviolabilidad del domicilio
- La inviolabilidad de la correspondencia
- La necesidad de autorización judicial previa para allanamientos
Esto significa que las autoridades policiales y militares podrán ingresar a viviendas sin orden judicial e interceptar comunicaciones durante el período de vigencia de la medida.
Provincias afectadas y contexto geopolítico
Las nueve provincias bajo estado de excepción son:
- Guayas (donde se encuentra Guayaquil)
- Manabí
- Esmeraldas
- Santa Elena
- El Oro
- Los Ríos
- Santo Domingo de los Tsáchilas
- Pichincha (donde se encuentra Quito)
- Sucumbíos
Esmeraldas y El Oro son provincias limítrofes con Colombia y Perú respectivamente, lo que las convierte en corredores estratégicos para el movimiento de drogas y armas hacia mercados internacionales. Según datos oficiales, por las costas de estas provincias sale aproximadamente el 70% de la cocaína producida en Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de esta sustancia ilícita.
Operativos militares y resultados preliminares
El decreto coincide con el cierre del toque de queda nocturno que estuvo vigente desde el 15 de marzo en cuatro provincias: Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas. Según el Ministerio del Interior, hasta el 29 de marzo se registraron 1.283 detenidos, en su mayoría por violar las restricciones nocturnas.
Por su parte, el Ministerio de Defensa reportó resultados operativos significativos:
- Captura de 806 personas
- Destrucción de 47 objetivos militares (caletas de armamento, centros de mando, pistas clandestinas)
- Incautación de 651 armas blancas y de fuego
- Decomiso de 5.069 municiones y 5.401 explosivos
- Destrucción de 256 bocaminas en zonas de minería ilegal
Contexto de violencia persistente
Esta renovación del estado de excepción ocurre en medio de la peor crisis de violencia criminal que ha vivido Ecuador. El país cerró el año 2025 con una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta registrada en América Latina.
Desde 2024, cuando el presidente Noboa declaró formalmente la "guerra" al crimen organizado, Ecuador ha encadenado sucesivos estados de excepción cuyo alcance ha variado según el momento, llegando en algunos casos a cubrir todo el territorio nacional.
Cooperación internacional y costos no declarados
En paralelo a la estrategia interna, Noboa ratificó un acuerdo con la Unión Europea para combatir el narcotráfico transnacional. El acuerdo, firmado originalmente en septiembre de 2025, fue avalado por la Corte Constitucional en enero, lo que permitió al Ejecutivo proceder con su ratificación directa sin necesidad de aprobación legislativa.
Cada renovación de la emergencia implica la movilización de tropas y la suspensión de garantías constitucionales, con un costo fiscal que el gobierno no ha detallado públicamente, pero que se acumula decreto tras decreto. Las autoridades no han proporcionado estimaciones oficiales sobre el impacto económico de estas medidas prolongadas.
En Sucumbíos, provincia amazónica fronteriza con Colombia, las Fuerzas Armadas ecuatorianas desarrollaron recientemente operaciones militares conjuntas con Estados Unidos para destruir campamentos de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las FARC colombianas.
