Entre los muchos crímenes que cada día sacuden a los colombianos en todas las regiones –desde el asesinato a sangre fría del joven periodista Mateo Pérez, pasando por la masacre impune de campesinos volados con una bomba en plena vía Panamericana del Cauca hasta los homicidios en atracos en TransMilenio o los robos de carros en Bogotá– hay un hilo comunicante que la sociedad colombiana tiene que cortar, sí o sí: la certeza de impunidad con la que actúan los victimarios. Esa es una pelea que no puede perderse y que marca diferencias entre un Estado de derecho y un país inviable.
La impunidad como motor del crimen
Cuando el delincuente hace cuentas y concluye que al violar la ley robando, narcotraficando o matando tiene bajísimas posibilidades de terminar muerto o herido, y aún menores de que sea capturado y condenado por la justicia, el resultado es una disparada del crimen y de la violencia que pone en condiciones críticas la seguridad y la tranquilidad en campos y ciudades. Peor aún si sabe que en el remoto escenario de que finalmente lo atrapen y procesen el chance más alto es que vuelva a quedar en libertad, incluso si hay detención en flagrancia, en aras de un sistema judicial que suele poner en segundo plano los derechos de las víctimas. Y ese es, precisamente, el partido que vamos perdiendo, y por goleada, en medio de los palos de ciego de la ‘paz total’ y de una justicia penal desconectada de los problemas de la gente.
Casos emblemáticos de impunidad
Cuando a algún criminal se le ocurre que puede plantar sin consecuencias una bomba en una vía y matar, como pasó en Cajibío, a 21 personas; o cuando otro delincuente de similar calaña ordena el asesinato y la desaparición de un muchacho que tuvo la mala suerte de llegar al lugar y en el momento equivocados, muchas son las reflexiones que deben hacer las autoridades encargadas de la seguridad y las que se ocupan de administrar justicia, pero también las que deben enfrentar la sociedad y el país político que permitieron la normalización de semejantes violaciones de los derechos humanos. Bandas criminales como el Eln, las disidencias y el ‘clan’ saben que, sin importar la magnitud del delito, el Gobierno está dispuesto a ‘hacerles pasito’ si dan una señal, aunque sea mínima y mentirosa, de que quieren negociar.
La puerta giratoria de la paz
El Eln perpetró en enero del año pasado en el Catatumbo una de las masacres más grandes –se habla de 130 asesinatos– y el desplazamiento forzado más grande en un solo evento en la historia del país. Año y medio después, a pesar de que ya no hay negociación, sus jefes siguen blindados de una orden de captura internacional y no hay una sola operación militar de importancia en contra de esa organización terrorista. Y ni hablar de la impresentable e inexplicable tolerancia del gobierno Petro con las tropelías de alias Calarcá. La puerta giratoria de los beneficios de una negociación de paz debe acabarse de una vez por todas. Y cómo hace de falta que la Corte Penal Internacional, que en 2021 cerró su capítulo preliminar sobre Colombia, vuelva a poner sus ojos sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad que están ocurriendo en el país y que van camino de la impunidad.
Una tarea urgente para el nuevo gobierno
Lo hemos aprendido con sangre, y desde hace décadas, y sin embargo seguimos en lo mismo: la paz y la justicia alternativa no se construyen sobre las bases de un Estado débil, desentendido frente al dolor de las víctimas e ingenuo frente al crimen. El nuevo gobierno llega con una tarea urgente: lograr que el delito no pague, sino que cueste, y mucho: tanto que seguir en él ya no sea opción.
