La EPS Coosalud se pronunció luego de que la Superintendencia de la Economía Solidaria denunciara presuntas irregularidades y un bloqueo por parte de los accionistas, quienes impidieron el ingreso de varios actores para realizar una asamblea extraordinaria. Esto ocurrió tras el fallo del Tribunal de Bolívar que exigía la suspensión de la intervención de la entidad.
Denuncia de la Superintendencia
Según la Superintendencia, el personal de seguridad del edificio de Coosalud en Cartagena informó que, por instrucción directa de Jaime González y Diana Bolaños, ningún asistente estaba autorizado para ingresar ni acceder al piso donde debía realizarse la asamblea. Además, señalaron que el acceso biométrico del saliente interventor había sido removido sin notificación formal de entrega.
Respuesta de Coosalud
El representante legal de Coosalud, Julián Quintana, aseguró que la asamblea convocada por el interventor era ilegal, pues el fallo del tribunal ordenaba su remoción inmediata. “El interventor fue removido inmediatamente, entonces no podía tomar ninguna decisión. Después de la decisión del juez, el interventor cita a una asamblea extraordinaria sin tener facultad ni competencia, porque ya no era interventor. Eso es ilegal e irregular, y lo puse en mi denuncia”, afirmó Quintana.
Asimismo, indicó que, tras el fallo judicial, la EPS debe ser entregada nuevamente al representante legal, es decir, Jaime González. Por ello, Coosalud envió un comunicado a los accionistas levantando la asamblea. “Se mandó un comunicado a los accionistas diciendo que se levantaba o se aclaraba que no había asamblea, porque la convocatoria era ilegal. No se le ha negado nada a nadie, pero no podemos convalidar una ilegalidad del interventor”, agregó.
Facultad de la junta directiva
Finalmente, Quintana aseguró que la junta directiva de la EPS es la única facultada para cambiar el representante legal, por lo que la convocatoria a la asamblea no tiene efecto sobre la decisión.
