Condenado por crimen de fiscal Pecci revela detalles escalofriantes sobre organización extranjera
Andrés Felipe Pérez Hoyos, uno de los siete individuos condenados por el brutal asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ha realizado impactantes declaraciones donde asegura que una organización extranjera poderosa fue la auténtica ordenante del crimen que conmocionó a Colombia y Paraguay.
Condena confirmada y traslados por seguridad
El crimen ocurrió durante la mañana del martes 10 de mayo de 2022 en Barú, zona insular de Cartagena, mientras Pecci disfrutaba de su luna de miel con su esposa Claudia Aguilera. Pérez Hoyos, junto con su hermano Ramón Emilio Pérez Hoyos, fueron sentenciados por la Justicia colombiana a 306,9 meses de prisión, equivalentes a 25 años y 6 meses, por haber ordenado y financiado el asesinato del fiscal especializado contra el Crimen Organizado.
En julio del año pasado, los hermanos Pérez junto con Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, también condenada por el mismo crimen, fueron trasladados desde la cárcel hacia guarniciones militares debido a presuntas amenazas de asesinato en su contra. Esta advertencia había sido previamente mencionada por el presidente Gustavo Petro durante la posesión del magistrado de la Corte Constitucional Héctor Carvajal.
Revelaciones sobre una organización transnacional
En entrevista exclusiva con Caracol Radio, Andrés Felipe Pérez Hoyos, quien se reconoce como narcotraficante y líder material del asesinato, manifestó que "le encantaría hablar sobre todo eso" y proporcionar toda la información que posee, pero no puede hacerlo porque "en su momento no quisieron saber la verdad".
El condenado aseguró que el fiscal Pecci estaba "marcado" y que su asesinato era simplemente cuestión de tiempo y lugar, pues existía una orden previa de eliminación. "Si lo mandan a asesinar es por algo, por lo que el hombre hizo e iba a hacer", afirmó Pérez Hoyos, insinuando que hay más personas involucradas de las que han sido judicializadas hasta ahora.
Según sus declaraciones, esta organización criminal tiene "injerencia en todo el mundo" y hubiera ejecutado el crimen sin importar la ubicación del fiscal. "Si el fiscal Marcelo Pecci se hubiera ido para Cancún o para otro país, allá hubieran buscado los medios para hacerlo", explicó el reo.
Peligro inminente y ofertas de colaboración
Pérez Hoyos reveló que su vida y la de otros condenados corre grave peligro porque sus "exjefes" se han vuelto contrarios y han pagado sumas considerables para eliminarlos. "Ellos tomaron esta decisión para obtener la victoria, porque asesinándome tendrían la impunidad completamente", declaró, mencionando incluso que se habría ofrecido hasta 3 mil dólares por sus cabezas, con los impulsores de esta recompensa ubicados fuera de Colombia.
El condenado expresó su disposición para colaborar con la justicia y buscar un acercamiento con la Fiscalía General de la Nación para revelar la verdad completa sobre el asesinato. Precisó que ya ha tenido contacto con el fiscal Juan Pablo Fajardo, con el objetivo de encontrar un marco jurídico que le permita aportar información crucial y eventualmente reducir su condena.
"Lastimosamente desde el principio nunca pude hacerlo", lamentó Pérez Hoyos sobre su incapacidad previa para colaborar plenamente con las autoridades.
Contexto judicial y nuevas perspectivas
La Corte Suprema de Justicia de Colombia, a través de su Sala de Casación Penal, ratificó en junio de 2025 la condena de 35 años de cárcel contra Margareth Liseth Chacón Zúñiga por su participación en el asesinato de Pecci. Ella es esposa y cuñada de los hermanos Pérez Hoyos, lo que evidencia los complejos vínculos familiares dentro de esta estructura criminal.
De las nueve personas que participaron directamente en el crimen, siete han recibido condenas firmes, pero las declaraciones de Pérez Hoyos sugieren que la investigación podría tener ramificaciones internacionales aún no completamente exploradas.
Estas revelaciones plantean nuevas interrogantes sobre la dimensión transnacional del crimen organizado en Colombia y la protección que requieren los testigos y condenados que deciden colaborar con la justicia para desentrañar redes criminales de alcance global.
