La alarmante 'somalización' que amenaza a Colombia
En los primeros años del siglo XXI, diversas agencias de seguridad estadounidenses ya advertían que Colombia se encontraba al borde del colapso, catalogándola como un Estado casi fallido debido al incremento desmedido de la violencia y al poder creciente de múltiples grupos criminales armados que desafiaban abiertamente la legalidad y legitimidad del Estado colombiano.
Un pasado violento que parecía superado
Durante esa época crítica, las acciones violentas de paramilitares y guerrillas se trasladaron a importantes ciudades principales del país. Los homicidios experimentaron un preocupante repunte, pasando de 23.093 casos en 1997 a 27.829 en 2002, mientras que los secuestros alcanzaron su cifra más alta con 3.572 casos registrados en el año 2000.
La situación de seguridad era tan compleja que a comienzos del siglo no se podía salir de las ciudades ni transitar libremente por las carreteras nacionales, pues los ciudadanos estaban expuestos constantemente a las famosas 'pescas milagrosas' ejecutadas por miembros de las FARC en distintas vías del territorio nacional.
La realidad actual: un panorama más sombrío
Sin embargo, analistas especializados coinciden en que la situación actual del país es incluso más preocupante que la de aquel periodo crítico. El próximo gobierno tendrá que enfrentar circunstancias más complicadas en materia de orden público debido a múltiples factores concurrentes:
- Debilitamiento, desmoralización y baja capacidad operativa de la Fuerza Pública
- Crecimiento exponencial, accionar intensificado y control territorial expandido de los grupos armados ilegales
- Falta crónica de recursos para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia
Colombia ha transitado desde las pescas milagrosas de comienzos de siglo hacia un control territorial violento, el confinamiento de poblaciones enteras y la implementación de una gobernanza criminal por parte de grupos armados que disputan las rentas ilícitas del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el secuestro y la trata de personas.
La advertencia de los expertos: probabilidades alarmantes
Hugo Ardila, reconocido experto en seguridad, advierte sobre cómo el Estado colombiano está ingresando en un peligroso proceso de 'somalización'. Según un informe de inteligencia estratégica reciente que procesó una simulación de 100.000 iteraciones de Montecarlo, el Estado colombiano ha entrado en una trayectoria de 'irreversibilidad sistémica'.
La convergencia de una voluntad política debilitada para garantizar la seguridad bajo la política de 'paz total', una explosión de economías ilícitas y una disrupción tecnológica y operativa asimétrica sugieren una probabilidad del 72% de un escenario de somalización, donde el Estado retiene las capitales pero pierde la soberanía efectiva sobre el 60% del territorio nacional.
El control criminal como 'Estado absorbente'
Bajo modelos de cadenas de Markov, el control criminal se ha convertido en un 'Estado absorbente': una vez que un municipio cae bajo el régimen de los grupos armados, la probabilidad de que retorne al control estatal es inferior al 0,05%. El Estado tarda diez veces más en recuperar un territorio de lo que tardan los criminales en capturarlo, revelando una inercia institucional letal que compromete la soberanía nacional.
Existen numerosos municipios donde quienes gobiernan efectivamente son los grupos criminales, en medio de una presencia lánguida y un accionar limitado de las autoridades de seguridad y justicia tanto nacionales como locales.
Propuestas para recuperar la soberanía territorial
Para recuperar los territorios actualmente controlados por distintos grupos criminales y garantizar la seguridad ciudadana, se requieren acciones integrales de Estado que incluyen:
- Reforzamiento de las capacidades de seguridad y justicia
- Implementación de estrategias de desarrollo territorial sostenible
- Trabajo directo con comunidades organizadas, evitando la intermediación de grupos criminales
Estas y otras acciones fundamentales para garantizar la seguridad de ciudadanos y territorios están contempladas en el Plan de Seguridad como 'bien público' propuesto por el candidato Sergio Fajardo, según expone el analista Hugo Acero Velásquez en su columna de opinión.
