Clan del Golfo multiplica su poder en Magdalena con crecimiento del 653% en cinco años
La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, lanzó una alerta urgente ante el Gobierno Nacional sobre la expansión descontrolada del Clan del Golfo en el departamento. Según reveló ante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento del Proceso Electoral, la estructura criminal ha incrementado en un alarmante 653 por ciento su capacidad armada, operativa y humana durante los últimos cinco años.
Una expansión que va más allá de los números
No se trata solo de un aumento numérico, sino de una consolidación territorial, económica y social que amenaza la estabidad de la región. La mandataria detalló que el grupo hoy se extiende desde el sur hasta el norte del Magdalena, controlando corredores estratégicos para el narcotráfico, imponiendo extorsiones sistemáticas a comerciantes y ganaderos, y reclutando menores para labores de vigilancia, cobro y sicariato.
"Estamos viendo una consolidación criminal con capacidad de intimidación que supera la reacción institucional. Necesitamos medidas urgentes", afirmó Guerra ante el ministro del Interior, Armando Benedetti, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el registrador nacional, Hernán Penagos.
Impacto económico y social en las comunidades
En zonas rurales del sur del departamento, líderes comunitarios describen un patrón repetido de intimidación:
- Llamadas amenazantes y panfletos con órdenes específicas
- Cuotas obligatorias para comercializar productos agrícolas
- Amenazas directas contra quienes se niegan a pagar
"Ya no es un rumor, es una estructura organizada. Cobran por cabeza de ganado, por carga de yuca, por cada negocio abierto. El que no paga, se va o lo callan", relató un líder social del centro del Magdalena que pidió reserva de su identidad por seguridad.
El fenómeno ha impactado especialmente al sector agropecuario, donde ganaderos y comerciantes denuncian que las extorsiones se han vuelto sistemáticas. El grupo armado actúa como una empresa ilegal formalizada, con jerarquías definidas, funciones específicas y control absoluto de rutas ilegales.
La ley del miedo se impone en municipios
Uno de los aspectos más preocupantes es la imposición de reglas paralelas. En varios municipios han circulado panfletos donde se ordena:
- Qué comercios pueden abrir
- A qué hora deben cerrar
- Quiénes están "autorizados" para operar
Tras algunos homicidios, según testimonios de líderes sociales, han aparecido carteles adjudicándose los crímenes, en lo que las autoridades interpretan como una estrategia deliberada para amplificar el terror en la población.
"Cuando asesinan y dejan letreros, no solo eliminan a una persona. Envían un mensaje a toda la comunidad", explicó otro representante de la comunidad afectada.
Elecciones bajo presión criminal
La alerta más delicada que hizo la gobernadora Guerra está relacionada con el proceso electoral del 8 de marzo. La mandataria advirtió que la expansión criminal podría estar alcanzando el escenario político, con presuntas presiones al electorado y riesgos de financiamiento ilegal de campañas.
"Queremos elecciones libres y seguras. No podemos permitir que las armas interfieran con la democracia", sostuvo la gobernadora durante su intervención.
El investigador en conflicto armado, Alberto Medina, advierte sobre este peligro: "Cuando un grupo armado logra controlar la economía y el territorio, el siguiente paso suele ser incidir en decisiones políticas. No necesariamente con candidatos propios visibles, sino mediante alianzas o constricciones silenciosas".
Dos estructuras y una población atrapada
El panorama se complica aún más con la presencia de otro actor armado en la zona norte: las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, antes conocidas como Los Pachenca. Ambas estructuras se disputan corredores estratégicos, dejando a la población civil en medio de:
- Amenazas cruzadas entre grupos
- Homicidios selectivos
- Control económico paralelo
"El campesino queda atrapado. Si habla con uno, el otro lo acusa. Si no paga, lo señalan. La gente vive con miedo", relata un dirigente comunitario de la subregión norte del Magdalena.
Un llamado urgente al Gobierno Nacional
El diagnóstico presentado por la Gobernación del Magdalena deja una conclusión inquietante: el departamento enfrenta una transformación profunda de su mapa de seguridad. Mientras las cifras de expansión criminal continúan creciendo, también aumenta el temor de que el poder armado no solo controle economías ilegales y legales, sino que termine influyendo directamente en decisiones democráticas.
La advertencia ya está en manos del Gobierno Nacional, y las expectativas de la población magdalenense se centran en las medidas que se adoptarán para retomar el control del territorio y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
